En respuesta a  una convocatoria para contribuciones de parte de la Relatoría Especial, sobre procesos disciplinarios, civiles, y criminales para operadores de justicia, las cuales servirán como insumos para la elaboración de un informe que dicha Relatoría presentará ante la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre de 2020, DPLF, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil *, elaboró y entregó una carta proporcionando información sobre procesos disciplinarios “encubiertos” para jueces/zas en América Latina.

Este informe resume experiencias de operadores de justicia en Brasil, Bolivia, Ecuador, Guatemala y Perú quienes han enfrentado este tipo de proceso disciplinario cuyo objetivo es de ejercer presión, intimidación o amenazas contra ellos y así disminuir su capacidad de ejercer sus funciones de forma autónoma e independiente, sin influencias externas. Estas acciones disciplinarias “encubiertas”, según el informe, incluyen mecanismos “informales” de presión, como la limitación de beneficios laborales, obstaculización de ascensos, y transferencias involuntarias; sanciones oficiales o políticas/sociales, por decisiones que no coinciden con agendas políticas de sus superiores; la sanción y remoción de jueces sin causa oficial o criterios objetivos, y sin cumplir estándares internacionales; la aplicación de procesos disciplinarios de manera arbitraria y sin uniformidad; el uso indebido del sistema disciplinario y la supervisión general de tribunales para hostigar a jueces independientes; y la criminalización, el desprestigio, e la intimidación política y personal de operadores de justicia, en particular jueces con competencia para ver casos de gran corrupción y violaciones de derechos humanos.

*Conectas Direitos Humanos (Brasil); Fundación CONSTRUIR (Bolivia); Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador); Fundación Myrna Mack (Guatemala); Impunity Watch, Oficina de Guatemala (Guatemala); y el Instituto de Defensa Legal- IDL (Perú).