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En las siguientes semanas, la Comisión Calificadora conformada por representantes de la Función Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, llevará adelante la selección y nombramiento de los nueve jueces de la Corte Constitucional, mediante un proceso de méritos y oposición.
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Cada una de dichas funciones presenta 9 candidatos, que deben superar una etapa de verificación de requisitos, escrutinio público e impugnación ciudadana, evaluación de méritos, y finalmente, una etapa de oposición, evaluación de conocimientos y comparecencia oral.
En 2017, y con la llegada al poder del Presidente Lenin Moreno, se inició en Ecuador un proceso de transición. Este proceso se originó en una consulta popular llevada a cabo en febrero de 2018, que tuvo como resultado el nombramiento de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, para evaluar y eventualmente cesar en sus cargos, a los titulares de diversas instituciones y organismos públicos. La evaluación de los nueve jueces de la Corte Constitucional en funciones fue anunciada en mayo, y culminó con su destitución el 23 de agosto de 2018, en medio de diversos cuestionamientos.
El día 19 de septiembre del 2018, dicho Consejo aprobó el Mandato para el Proceso de Selección y Designación de los Miembros de la Corte Constitucional definitiva. El Mandato dispone la creación de una Comisión Calificadora conformada por los delegados de las funciones ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social del Estado, la cual será la encargada de verificar que los postulantes cumplan con los requisitos aplicables, así como de garantizar los principios de independencia, transparencia, meritocracia, probidad e idoneidad.
El presente documento describe el mecanismo establecido en la Constitución ecuatoriana para la elección de los integrantes de la Corte Constitucional, el contexto de transición que enmarca esta designación, y los estándares internacionales en materia de independencia judicial que deben regir este procedimiento de selección. De esta manera, se pretende contribuir a la construcción en el Ecuador, de una justicia constitucional que sea verdaderamente independiente e imparcial.
