El pasado 17 de julio de 2018, en el Auditorio de la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, se realizó la presentación de la iniciativa FiscalíaQueSirvaJalisco, con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, así como del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y de universidades y grupos empresariales.
Esta iniciativa busca proponer herramientas para enfrentar la impunidad en el estado de Jalisco, en que violaciones de derechos humanos y delitos cometidos dentro del estado, conviven con la ineficiencia de las autoridades. Fiscalías y procuradurías, concebidas bajo un sistema procesal inquisitivo, enfrentan el desafío de renovarse, para adaptarse a las exigencias del nuevo sistema penal acusatorio, pero también, a los estándares internacionales que exigen mínimos de autonomía para cumplir con su deber de investigar, perseguir y sancionar a los responsables. De este modo, la iniciativa insiste en que se necesitan instituciones modernas que generen confianza en los ciudadanos, y no todo lo contrario. Resaltan que no es suficiente un cambio de nombre, ni colocar a una persona capaz en el poder, cuando toda la estructura está podrida, y cuando existe evidencia de que se siguen utilizando medios y prácticas no recomendadas, en lugar de métodos científicos.
Para lograr un avance importante en Jalisco, coinciden en que se necesita un nuevo paradigma de fiscalía, que incluya una transformación de fondo. Con la participación de organizaciones civiles de derechos humanos, universidades y grupos empresariales, a través de talleres, mesas y grupos de debate, se construyó una propuesta de Puntos Mínimos Indispensables para un nuevo modelo de fiscalía, que han sido adoptados como una recomendación oficial del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, y en esa calidad, dirigida al Congreso del Estado (ver adjunto).
Entre estos Puntos Mínimos, destaca la intervención de la ciudadanía en los procesos de nombramiento y remoción del titular de la institución, así como la exigencia de un Plan de Persecución Penal que sea público, como un mecanismo que permita la rendición de cuentas de la gestión institucional.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco, recordó la importancia de una fiscalía profesional para la protección de los derechos humanos, que garantice los estándares más altos consagrados en tratados internacionales, la jurisprudencia de la Comisión y la Corte Interamericana y otras legislaciones estatales.
