El 29 de junio pasado, el Congreso Nacional de Honduras decidió reelegir a Óscar Chinchilla, actual Fiscal General de Honduras, a pesar de no haber formado parte de la lista de cinco candidatas/os preseleccionados por una Junta Proponente, y, además, de haber declinado postularse en este proceso. Asimismo, el Congreso designó como Fiscal General Adjunto, a un candidato que sí estaba en la lista, pero que había sido previamente rechazado en una votación anterior. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados habían exhortado al Estado hondureño, a garantizar los estándares internacionales en esta importante elección.
¿Cómo debe entenderse esta reelección, desde el derecho interno hondureño, pero también desde el Derecho Internacional? ¿Cómo se desarrolló el fallido procedimiento de selección, que condujo a este desenlace inesperado? ¿Qué mensaje envía esta experiencia a la región, y cuáles son las lecciones que nos deja?
