Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), junto con el Due Process of Law Foundation (DPLF), el Movimiento Salvemos a Santo Domingo, con el apoyo de Centro Humboldt de Nicaragua; Acción Ciudadana y Convergencia Social y de ONG’s “Tezulutlán”, con el apoyo de comunidades organizadas en resistencia por sus recursos hídricos de Guatemala; la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Espacio Nacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ENTRE), con el apoyo de comunidades afectadas por la minería de los poblados de La Piñita, Tocoa y el Yagal de la provincia Sánchez Ramírez de República Dominicana; expusieron sobre cómo el acceso a la información y la transparencia ambiental permite el ejercicio de derechos fundamentales.

26 de abril de 2017.- “Nicaragua, Guatemala y República Dominicana son un ejemplo regional de lo que sucede en materia de acceso a la información pública.” Así afirmó César Gamboa, Director Ejecutivo de DAR, durante la audiencia pública “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América”, realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si bien los mencionados países cuentan con legislación en materia de acceso a la información, esta no es efectiva, vulnerándose otros derechos, como la vida, salud, integridad física, ambiente sano, participación ciudadana, entre otros. La reducción de estándares ambientales, criminalización de la protesta y actos de corrupción son el escenario donde se desarrolla la falta de transparencia en el ámbito de las industrias extractivas en la región.

La audiencia fue presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño y estuvo acompañada del comisionado James Cavallaro y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.

Derechos humanos, transparencia y enfoque intercultural

Boanerges Luna del Movimiento Ambientalista “Salvemos Santo Domingo” de Nicaragua relató que uno de los mecanismos utilizados para la defensa de los derechos de las comunidades rurales es el acceso a información pública. Tal fue el caso del proyecto Tajo Jabalí-Antena, ejecutado por la empresa canadiense B2GOLD, que afecta las fuentes de agua del Municipio de Santo Domingo y cuyo proceso de concesión y aprobación del estudio de impacto ambiental (EIA), no fue consultado ni compartido a su comunidad.

Durante la audiencia, Luna resaltó que ha sido detenido arbitrariamente y sometido a tratos crueles e inhumanos, en represalia de las autoridades por sus demandas por información entorno al referido proyecto minero:

“No pretendo doblegarme ante la intimidación de las autoridades mancomunadas con las empresas que están destruyendo nuestras fuentes de agua. Soy consciente de que mi testimonio ante esta honorable Comisión pone mi vida e integridad en peligro”.

Luna explicó que con la aprobación de la “Ley de Seguridad Soberana de la República de Nicaragua”, en diciembre de 2015, el país institucionalizó la criminalización de todo acto de reclamo de derechos, como las manifestaciones  pacíficas, que “han sido la principal forma de exigir derechos en Nicaragua”.  El relator Edison Lanza señaló que advertiría al Estado nicaragüense para que Luna no sufra represalias a raíz de su participación en la audiencia.

Acerca de la Ley de Información Pública de Nicaragua, Víctor Campos, del Centro Humboldt, reportó lo siguiente:

“Nosotros trabajamos temas ambientales y estamos llevando un registro de todas las veces que nos niegan una información. Hasta el día de hoy en los últimos 8 o 10 años, no hemos tenido acceso a la información pública a pesar de haberla solicitado reiteradas veces ante las autoridades correspondientes”.

La ausencia de procesos transparentes y participativos afectan igualmente al pueblo Q’eqchi de Guatemala. Su representante, Erick Armando Cú Caal, manifestó a los integrantes de la CIDH que en ningún momento se compartió información o se les consultó sobre la concesión del proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón –iniciado hace dos décadas atrás y que contempla la construcción de cinco megaproyectos adicionales. La obra está a cargo de la empresa Recursos Naturales y Celulosa (RENACE).

La defensa del agua llevó  al pueblo Q’eqchi a solicitar información a instancias como el Ministerio de Energía y Minas y de Ambiente y Recursos Naturales, destacó Cú Caal. Necesitaban saber cómo se afectaría el caudal natural del río, pero no se les ha informado sobre la construcción, ni entregado un EIA.

“Por la defensa y cuidado del río Cahabón hemos sido intimidados, amenazados y perseguidos por trabajadores de la empresa… Nos han despojado de nuestras tierras; prácticamente nos tienen privatizado el río”.

El pueblo de Cotui, en República Dominicana, tampoco es ajeno a los impactos de la falta de transparencia en torno a las actividades de la minera canadiense Barrick Gold. El contrato entre el Estado y la empresa cuenta con una cláusula de confidencialidad que impide a la ciudadanía hacer monitoreo al proyecto de extracción mineral a cielo abierto, indicó Trajano Potentini, Presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido Mejía, de la Fundación GEMA y del Espacio para la Transparencia de Industrias Extractivas (ENTRE), señaló que desconoce si se cumple o no con la “Ley de Descarga y Calidad de Agua”, y aseguró que:

“La misma empresa se ha comprometido llevarles [a las comunidades] dos o tres galones de agua diarios. ¿Qué significa eso? Que estamos perdiendo la vida”.

¿Por qué sucede esto?

César Gamboa de DAR precisó que del análisis de los casos de Nicaragua, Guatemala y República Dominicana, existen dos momentos en que el derecho de acceso a la información sufre un quiebre en la región: la toma de decisiones socio-ambientales previo al otorgamiento de la concesión, y en el desarrollo del proyecto minero-energético. Las principales víctimas de esta omisión son las comunidades campesinas, pueblos indígenas, poblaciones rurales u otros colectivos en situación de vulnerabilidad y discriminación histórica.

Las limitaciones más comunes al derecho de acceso a la información se relacionan con la prohibición de acceso, en físico o en línea, a la información requerida; la falta de capacitación del personal encargado; aplicación arbitraria e inadecuada de criterios de clasificación (secreto, confidencial o reservada) y la inaplicación del principio de interculturalidad. Tal situación suele generar conflictos socio-ambientales que, a la larga, “ponen en entredicho la viabilidad de las inversiones”.

A esto se suman decisiones tomadas en varios países de origen de las empresas transnacionales, cuyo resultado es el debilitamiento de las prácticas gubernamentales y corporativas en materia de transparencia. En esta línea,  Daniel Cerqueira, de DPLF, recordó que:

“Hace algunas semanas el Senado estadounidense dejó sin efecto la sección 1504 de la Dodd-Frank Act. Antes de esta derogatoria, las empresas extractivas que cotizaban en Estados Unidos estaban obligadas a publicar información sobre cualquier tipo de pago a gobiernos extranjeros… Preocupa bastante que Estados Unidos haya abierto una caja de pandora para que el modelo de transparencia y acceso a la información enfrente retrocesos también en otros países de origen de empresas extractivas.

Petitorio a la CIDH

A nombre de los peticionarios, Antonio Medina, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y representante del Observatorio de Políticas Públicas de dicha institución, solicitó a la CIDH: exigir a los Estados de Guatemala, Nicaragua y República Dominicana el cumplimiento efectivo de las leyes de transparencia, acceso a la información, participación y consulta. Igualmente, requirió la elaboración de indicadores para evaluar el impacto de los megaproyectos extractivos en los derechos humanos, y solicitó que los integrantes de la CIDH visiten las regiones afectadas por los proyectos expuestos durante la audiencia.

Tas las exposiciones de los peticionarios, Esmeralda Arosemena de Troitiño resaltó la importancia de la conformación de la Relatoría Especial sobre de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) para responder los pedidos formulados por las organizaciones peticionarias. Por su parte, el comisionado James Cavallaro recalcó la importancia de utilizar mecanismos de acceso a la información en los países de origen de las empresas extractivas.

El Relator Especial de Libertad de Expresión advirtió sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en América Latina y el Caribe (Principio 10): “por lo que hemos visto en documentos preliminares hay estándares que van a perjudicar a la sociedad civil son inferiores a… los que se han fijado la Corte y la Comisión Interamericana. El relator invitó a la sociedad civil a tomar acciones al respecto.

 “Que se apruebe un mecanismo multilateral sobre acceso a la información, participación en temas ambientales sin ninguna participación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, me parece grave. La sociedad civil debería sumarse a este reclamo que estoy haciendo público en este momento”.

La audiencia ha evidenciado la demanda de la sociedad civil, de las poblaciones locales y de las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de actividades extractivas, para que los gobiernos de la región ajusten sus normas, políticas y prácticas relacionadas a la difusión de información socio-ambiental. Solo con información clara podemos exigir el respeto a derechos fundamentales tales como salud, vida, agua y a un ambiente sano.