La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) publicó un documento titulado “El proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de México: Recomendaciones desde el derecho internacional y comparado para seleccionar a los mejores” en el cual examinó el proceso de selección de Ministros a la luz de los estándares y buenas prácticas establecidos en el derecho internacional y en la experiencia comparada.
En base a estos lineamientos, DPLF dio un seguimiento cercano al proceso de selección de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de México, señalando algunas de sus principales deficiencias de regulación, y brindando algunas sugerencias para que el proceso en curso, pueda desarrollarse con la mayor transparencia y en base a criterios objetivos que permitan seleccionar a los mejores.
La organización con sede en Washington D.C., ha monitoreado diversos procesos de selección de miembros de altas cortes en países de la región entre los que se incluyen Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia y Perú. En el caso de México, Ursula Indacochea, Oficial de Programa Sénior declaró que
“Si bien, durante las comparecencias ante la Comisión de Justicia se ha dado mayor publicidad al proceso, la declaración general de “elegibilidad” de todos los candidatos contenida en su dictamen final, sin un análisis suficiente e individualizado de elementos esenciales como la honorabilidad y probidad, la capacidad o competencia, y la eficiencia, demuestran que el Senado ha hecho un escrutinio débil e insuficiente de los candidatos para determinar su idoneidad de acuerdo al perfil de Ministro establecido en la Constitución, afectando el resultado de todo el procedimiento”.
DPLF considera que, para cumplir los estándares internacionales, la evaluación de los candidatos no puede limitarse ‘únicamente al cumplimiento de los requisitos mínimos de elegibilidad (como la edad mínima para acceder al cargo, o la antigüedad en el ejercicio de la profesión), como ha ocurrido en este caso, sino que deben examinarse a profundidad y de manera individualizada, el cumplimiento de cada una de los rasgos del perfil de Ministro.
La ausencia de un escrutinio real acerca de la capacidad, competencia, probidad, honorabilidad, o la existencia de potenciales conflicto de intereses de los candidatos, marca un alejamiento del procedimiento seguido ante el Senado mexicano, de los estándares y buenas prácticas internacionales existentes en la región.
DPLF quiere resaltar la importancia de contar con una SCJN independiente en el actual contexto de crisis que enfrenta el país en materia de derechos humanos. Sólo una Corte sólida que defienda los derechos humanos de sus ciudadanos, podrá hacer frente a la impunidad y garantizar el respeto pleno del Estado de Derecho.
En ese sentido, DPLF considera importante que las instancias políticas mexicanas reflexionen acerca de la necesidad de regular un procedimiento transparente de selección de Ministros de la SCJN, que garantice su nombramiento en base al mérito, y las exhorta a promover una reforma constitucional en ese sentido.