La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), CARECEN-DC, SHARE El Salvador, La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Iglesia Metodista Unida-Junta General de la Iglesia y sociedad le invitan a la sesión informativa:
La persecución penal de violaciones de derechos humanos y el sistema de justicia en El Salvador
Presentan
Alejandro Diaz
Director Ejecutivo, Tutela Legal Dr. María Julia Hernández
José Artiga
Director Ejecutivo, SHARE El Salvador
Leonor Arteaga
Oficial de Programa Sénior, Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Modera
Geoff Thale
Director de Programa, WOLA
Miércoles 4 de noviembre de 2015
5:30 – 6:30 p.m.
(Recepción al finalizar)
WOLA
1666 Connecticut Ave NW, Suite 400
Washington, DC 20009
Favor de confirmar su asistencia aquí
Para más información, favor de contactar a Carolyn Scorpio al (202) 797-2171 o en cscorpio@wola.org.
Este evento será grabado y publicado en www.wola.org.
El evento se llevará a cabo en inglés con interpretación al español disponible
Si el gobierno de El Salvador quiere tener éxito al enfrentar la violencia de las pandillas y el crimen organizado y generar un desarrollo económico sostenible para todos los salvadoreños y salvadoreñas, tendrá que superar las debilidades de su sistema de justicia penal y demostrar su habilidad de hacer cumplir la ley sin temores ni favoritismos. Una importante demostración de estos cambios institucionales urgentes seria el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado incluyendo el asesinato de los Jesuitas y del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, y las masacres de El Mozote y Río Sumpul, las cuales permanecen en impunidad.
En los últimos meses estos casos han suscitado un nuevo interés, tanto en El Salvador como internacionalmente, dando renovado aliento a las víctimas y sus familias. Una vez más el sistema de justicia penal está a prueba, especialmente el Fiscal General que debe ser electo próximamente.Acompáñenos a una actualización sobre la situación de estos y otros procesos y la capacidad de respuesta del sistema penal salvadoreño.