Washington, D.C., 6 de febrero de 2014—La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) deploramos la decisión de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de fecha 5 de febrero de 2014 que reduce arbitrariamente el mandato de la actual Fiscal General de la República, Claudia Paz y Paz, y anticipa su salida del cargo siete meses antes del periodo para el cual fue nombrada.
Mediante dicha decisión, la Corte ordenó al Congreso de la República nombrar un(a) nuevo(a) fiscal general en mayo del presente año, por considerar que el mandato de la actual Fiscal General termina en mayo en lugar de diciembre de 2014. Cabe recordar que la actual Fiscal fue nombrada el 9 de diciembre de 2010, luego que la elección de Conrado Reyes Sagastume en mayo de 2010 fuese declarada nula por la propia Corte de Constitucionalidad. Dado que la anulación significa que el nombramiento de Reyes Sagastume jurídicamente nunca existió, es imposible alegar que el período de la actual Fiscal Paz y Paz sirve para completar el período anterior: era un período nuevo que empezó en diciembre de 2010.
La decisión de la Corte viola las obligaciones internacionales asumidas por Guatemala en los tratados internacionales que ha ratificado, como son la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tal como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en repetidas ocasiones, por la importancia de la función del fiscal, el Estado debe garantizar la independencia y autonomía de la función, y un fiscal no puede ser separado del cargo arbitrariamente, antes del fin del mandato constitucional. La decisión de la Corte de Constitucionalidad equivaldría a una separación de cargo arbitraria y una amenaza a la independencia de la fiscalía, violentando así el Estado de derecho en Guatemala.
DPLF y WOLA destacan la importante labor desempañada por la Fiscal General Paz y Paz, que ha logrado fortalecer al Ministerio Público y obtener avances significativos en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la impunidad en Guatemala. Solicitamos a la Corte de Constitucionalidad que revise esta decisión según los procedimientos existentes, y que respete la independencia de los operadores de justicia.
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