El 27 de mayo de 2014 se llevó a cabo un foro público de presentación del “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas” en la ciudad de Lima, coorganizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Centro para el Desarrollo de la Justicia y la Seguridad Ciudadana (CERJUSC), como parte de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio en América Latina, con apoyo de Open Society Foundations (OSF).
El evento contó con la participación del Relator para los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH, James Cavallaro; El Defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega; Luis Pásara, experto en temas de justicia y senior fellow de DPLF; así como representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la sociedad civil.
Para James Cavallaro el uso excesivo de la prisión preventiva “no sólo es un tema peruano” sino que afecta a toda la región y por eso debe ser tratado con soluciones locales y continentales, por parte de “los distintos sectores involucrados de manera consciente, lo que no está ocurriendo”. En cuanto a Perú afirmó que el índice de personas sin condena, según cifras estatales alcanza el 54% de todas las personas privadas de libertad, que si bien no es el más alarmante la región, sigue siendo la mayoría de la población, además de que existe una tendencia latente hacia un mayor uso de la prisión. Enfatizó que según los estándares interamericanos, esta medida cautelar debe utilizarse únicamente para evitar la fuga de la persona procesada o la obstaculización de la justicia, y que es importante que los jueces y fiscales apliquen el control de convencionalidad al momento de decidir sobre prisión preventiva. Finalizó con un llamado a sociedad civil y funcionarios estatales a que trabajen para evidenciar los costos negativos de la prisión preventiva frente a la población a quien le es difícil imaginar un juicio en libertad ya que asume que “el lugar del bandido está en la cárcel”.
Para los representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, entre los problemas más graves que dificultan reducir el uso de la prisión en Perú se encuentran: la deficiente infraestructura para aplicar medidas alternativas, así como para su seguimiento y control; la falta de datos judiciales sobre el uso de la prisión preventiva y de la prisión en general; y el no otorgamiento de beneficios penitenciarios por parte de los jueces, aun en los casos en que procedería según la ley, debido al temor de ser sancionados disciplinariamente. Este último aspecto ha impactado significativamente en el hacinamiento carcelario, según lo confirmó el Jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Jose Luis Pérez Guadalupe en su intervención durante el evento.
Leonor Arteaga, Oficial de Programa de DPLF, insistió en la importancia de que en el Perú se cumplan con las recomendaciones del Informe de la CIDH para promover una mayor independencia de los jueces que deciden sobre la libertad de las personas acusadas de un delito, y en particular las que señalan que debe enviarse “desde los niveles más altos del Estado y la administración de justicia un mensaje institucional de respaldo al uso racional de la prisión preventiva y al respeto del derecho presunción de inocencia”, y que “en ningún caso (los) mecanismos de control disciplinario deberán utilizarse como medio de presión o castigo contra las autoridades judiciales que hayan adoptado decisiones relativas a la prisión preventiva dentro del ámbito de sus competencias y conforme a derecho”.
El informe de la CIDH concluye que el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema complejo producido por causas de distinta naturaleza: cuestiones de diseño legal, deficiencias estructurales de los sistemas de administración de justicia, amenazas a la independencia judicial, tendencias arraigadas en la cultura y práctica judicial, entre otras. Y al mismo tiempo, contribuye a agravar otros problemas ya existentes en la región, como los altos niveles de hacinamiento penitenciario. Como se expone en el informe, el uso no excepcional de la prisión preventiva, además de generar serios problemas en la gestión penitenciaria, resulta sumamente oneroso para los Estados, y no es una medida que contribuya de manera exitosa a reducir los índices de violencia y criminalidad.
Vea el informe de la CIDH aquí