El 27 de marzo de 2014, las organizaciones que conforman el Comité Directivo de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio, convocadas por Open Society Justice Initiative (OSJI) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), también miembros de la Red, se reunieron en Washington DC para analizar los próximos pasos de esa coalición de organizaciones y definir las estrategias para el seguimiento del  “Informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). Monitorear y promover el cumplimiento de las diferentes recomendaciones de dicho informe por parte de los Estados de la región ha sido definido como una de las prioridades de la Red.

Durante la reunión se invitó a participar al Relator para los derechos de las personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Cavallaro. La Red le trasladó su disposición de complementar el trabajo de dicha Relatoría en la difusión del informe aludido y de impulsar la implementación de las recomendaciones, especialmente en relación con las políticas de seguridad pública que propician un mayor uso de la prisión preventiva como pretendida respuesta a la criminalidad, las legislaciones que prescriben la prisión preventiva automática para un conjunto de delitos, la necesidad de promover una mayor aplicación de las medidas alternativas y su eficiente monitoreo, la producción de información detallada sobre el uso de la prisión preventiva y el fortalecimiento de la independencia de los operadores de justicia a cargo de aplicar esta medida. Asimismo la Red expuso que consideraba prioritario que dicha Relatoría sostuviera  diálogos con los Estados miembros de la OEA sobre la racionalización en el uso de la prisión preventiva y demás estándares. El comisionado Cavallaro agradeció los aportes de la Red y señaló que los tomaría en cuenta en su agenda de trabajo para la Relatoría a su cargo.

Previamente, durante los días 26 y 27 de mayo, las organizaciones de la Red se reunieron con diferentes representantes de Estados ante la OEA con el propósito de proponer la adopción de una Resolución sobe prisión preventiva en la próxima Asamblea General a celebrarse en Asunción, Paraguay, en el mes de junio de 2014, a fin de que los Estados se comprometan y renueven su voluntad de apegarse a los estándares interamericanos respectivos.