El pasado 10 de marzo de 2014, Open Society Justice Initiative (OSJI) organizó una mesa de trabajo para discutir las recomendaciones del “Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) más relevantes para México y las alternativas para su cumplimiento. La mesa fue presidida por el Comisionado James Cavallaro, Relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad de la CIDH. En la misma participaron funcionarios judiciales y estatales de México y miembros de sociedad civil involucrados con el sistema de justicia y penitenciario. Leonor Arteaga, Oficial de Programa Sénior de DPLF, presentó algunas reflexiones en torno a la falta de independencia judicial y cómo esta favorece el uso excesivo y alejado de los fines cautelares de la prisión preventiva, y posteriormente dirigió el debate sobre este punto. Los asistentes expusieron que tanto fiscales como jueces e incluso defensores públicos reciben presiones de los medios de comunicación y del mismo poder judicial para aplicar extendidamente la prisión preventiva, y en algunos casos, se tiene conocimiento que el uso de medidas alternativas ha dado origen a sanciones disciplinarias. Coincidieron en que es un tema de gran importancia que debe ser estudiado y visibilizado.

Ese mismo día, el “Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas”  fue presentado ante el Senado mexicano, en un evento público que contó con un panel de funcionarios estatales, el propio comisionado James Cavallaro, Martín Schönteich de OSJI y Javier Carrasco Solís, del Instituto de Justicia Procesal Penal y miembro coordinador de la Red para la Justicia Previa al Juicio.

Según la CIDH, en México el abuso de la prisión previa al juicio ha provocado que “poco más de 100 mil personas legalmente inocentes se encuentren expuestas a motines, violencia, consumo de drogas, homicidios y en general al autogobierno imperante en las cárceles”.