En su reciente Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, publicado el 17 de enero de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) identifica como una de las principales causas de la excesiva aplicación de la prisión preventiva, las presiones que funcionarios estatales –del Ejecutivo y Legislativo y del propio Poder Judicial- ejercen, mediante un discurso punitivo, sobre jueces para moverlos a decidir prisión por sobre otras medidas, para toda persona acusada de un delito. A partir de esta conclusión, se recomienda a los Estados de la región “abstenerse de emitir de públicamente opiniones que directamente descalifiquen a fiscales, jueces o defensores públicos por una decisión adoptada relativa a la aplicación de la prisión preventiva”, no utilizar los mecanismos de control disciplinario como “medio de presión o castigo contras las autoridades judiciales que hayan adoptado decisiones relativas a la prisión preventiva conforme a derecho”, y mejorar las políticas de comunicación judicial para hacer más comprensible la funciona y las decisiones judiciales.
De esta manera, la CIDH ha retomado las propuestas de DPLF y otras organizaciones aliadas en el estudio Independencia Judicial Insuficiente: prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú, presentado en el marco de una audiencia celebrada el 16 de marzo de 2013, que comprende cuatro informes nacionales, elaborados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), el Centro sobre Derecho y Sociedad (CIDES) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, y un análisis comparativo, de la autoría de Luis Pásara, sénior fellow de DPLF.
En este informe la CIDH también recoge las principales preocupaciones de diversas organizaciones de la región agrupadas en la Red para la Justicia Previa al Juicio –de la cual DPLF forma parte-, expresadas en una audiencia celebrada el 1 de noviembre de 2012.
DPLF, junto a otros miembros de la Red, promoverá el cumplimiento de las recomendaciones del Informe de la CIDH en países específicos, con el objetivo de lograr avances hacia una mayor independencia judicial que conlleve a un uso excepcional y por fines cautelares de la prisión preventiva.