El pasado 13 de septiembre, DPLF y el Instituto de Defensa Legal (IDL), en conjunto con la Dirección General de Defensa Publica y Acceso a la Justicia del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de Perú, llevaron a cabo un evento con 100 defensores públicos de Lima, para presentar los estudios  “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú”, y “La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?” (publicación de IDL). Luis Pásara, senior fellow de DPLF y Gabriel Chávez-Tarfur, coordinador del área de justicia previa al juicio de IDL, compartieron con los asistentes las principales conclusiones de ambas investigaciones. Seguidamente, los jefes de los distritos de Lima comentaron las publicaciones y expusieron las dificultades que enfrentan para ejercer una defensa técnica respecto de la prisión preventiva , sobre todo porque en la práctica “la igualdad de armas” entre su institución y la Fiscalía General no opera como tal.

El tema abordado en el foro resultó de particular relevancia dada la reciente aprobación de la Ley 30076, que -entre otras reformas que tienden a endurecer el sistema penal- se puso en vigor a nivel nacional las normas sobre prisión preventiva del código procesal penal no así el resto de disposiciones que solo están vigentes en tres provincias del país. Esto ha supuesto que la aplicación de la prisión preventiva en el distrito de Lima se lleve a cabo en un proceso acusatorio (mientras el resto del proceso penal es aun de corte inquisitivo) donde la defensa pública debe tener un rol más activo.