El  pasado 28 de agosto de 2013, DPLF y CELS presentaron el estudio Independencia Judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú,  en el marco del “Congreso Internacional de Ejecución de la Pena” organizado por el Centro de Estudios de Ejecución de la Pena de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Las exposiciones estuvieron a cargo de Leonor Arteaga, oficial de programa de DPLF; Miguel la Rota de DeJusticia; Mariano Gutiérrez, investigador del Instituto Gino Germani y consultor de CELS, co-autores del  capitulo colombiano y argentino respectivamente;  y Mirta López Gonzalez, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

En el evento participaron jueces y otros funcionarios relacionados con el sistema judicial y penitenciario, así como estudiantes de esa facultad y organizaciones de la sociedad civil.

El estudio analizó los obstáculos que enfrentan jueces y fiscales para actuar con independencia al adoptar decisiones sobre prisión preventiva en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú. En estos países, con sus particularidades, existe una gran demanda social por el endurecimiento de las políticas criminales. En esta atmósfera se tiende a asociar la condición de procesado con la de detenido y se ha “naturalizado” la detención en cárcel como la consecuencia. La criminalidad presentada de forma amplificada ante los medios de comunicación, junto a la idea de que el poder judicial es responsable de “dejar libres a los delincuentes”, entre otros factores, generan un clima intimidatorio que dificulta a los operadores de justicia fallar con imparcialidad por temor a las críticas mediáticas. El uso desmedido de la prisión preventiva o su aplicación por razones no cautelares también tiene raíces en la cultura judicial punitiva y es alentado por la falta de políticas judiciales favorables al ejercicio de la judicatura independiente.