El día 27 de marzo de 2012, DPLF y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) de El Salvador, participaron en una audiencia temática ante la CIDH sobre la situación de la independencia judicial en El Salvador. Las organizaciones denunciaron los ataques de la Presidencia y la Asamblea Legislativa de El Salvador a la Corte Suprema del país, especialmente, a la Sala de lo Constitucional.
Se relató como, después del nombramiento de cuatro nuevos magistrados a la Sala de lo Constitucional en 2009, la Sala se ha caracterizado por su independencia. Esto constituye un ejemplo importante para las judicaturas de la región, y también ha generado un despertar de ‘conciencia cívica’ en la población y una colaboración importante entre organizaciones de sociedad civil. Sin embargo, el desempeño de estos magistrados también conllevó fuertes ataques de parte de diputados y la Presidencia del país –quizás no acostumbrados a una judicatura tan independiente-. Esta situación culminó en la aprobación varias medidas para limitar el poder de decisión de Sala (por ejemplo, el Decreto 743 de junio de 2011 que, entre otras medidas, requería que las decisiones sobre constitucionalidad fueran tomadas por unanimidad y que sólo fue derogado después de dos meses de fuerte oposición a nivel nacional e internacional).
DPLF y FESPAD denunciaron estas y otras medidas violatorias a la independencia judicial en El Salvador, y abordaron el proceso de selección de magistrados –por hacerse en abril de 2012- en especial detalle por carecer de las garantías necesarias para garantizar que sólo los mejores candidatos fueran nombrados en la Corte Suprema de Justicia. Las organizaciones profundizaron sobre las falencias en la fase de pre-selección de candidatos, a cargo de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y el Consejo Nacional de la Judicatura, las más notables siendo la falta de establecer procedimientos claros para el proceso de selección, y la virtual ausencia de requisitos o criterios de evaluación de los candidatos.
Dado que el proceso de selección a la fecha de la audiencia todavía no había terminado, DPLF y FESPAD hicieron sugerencias concretas sobre cómo el Estado podría cumplir con los estándares internacionales respecto a procesos de selección de magistrados. En concreto, la Asamblea Legislativa debería mostrar una transparencia activa en cuanto al proceso que seguía y los criterios que empleara para evaluar a los candidatos.
Aunque el Estado salvadoreño se comprometió en la audiencia a dar esa apertura, esos compromisos no han sido cumplidos en la realidad. Esto culminó en una crisis constitucional en el verano del 2012, cuando la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional el nombramiento de magistrados hecho en el 2012. Si bien esta crisis ha sido superada por un acuerdo político, la Asamblea Legislativa todavía no ha cumplido a cabalidad con la decisión de la Sala de lo Constitucional, y el proceso de selección para magistrados sigue siendo gravemente deficiente. DPLF y sus contrapartes salvadoreñas siguen trabajando para que esta situación mejore.