El 5 de junio de 2009 se llevó a cabo un operativo policial cerca de la ciudad de Bagua, puerta de entrada de la Amazonía peruana. Efectivos de la Policía Nacional recibieron del gobierno de Alan García Pérez la orden de desalojar a miles de personas que ocupaban un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, conocido como Curva del Diablo. La ocupación se había dado en el contexto de un paro nacional, organizado por comunidades nativas de la Amazonía, contra decretos legislativos que flexibilizaban la concesión de actividades extractivas en sus territorios.
Al comienzo del operativo se desarrolló un enfrentamiento en el que 11 policías y cinco indígenas fallecieron y cientos de personas resultaron heridas. Otros enfrentamientos en las provincias de Bagua y Utcubamba condujeron al total de 23 policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua muertos, y un mayor de la Policía que hasta la fecha continúa desaparecido.
Los hechos de violencia que tuvieron lugar en las adyacencias de Bagua, conocidos como el Baguazo, originaron diferentes procesos penales. El presente capítulo comenta algunos aspectos de la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones y Liquidadora Transitoria de Bagua, respecto de las muertes y lesiones ocurridas en la Curva del Diablo. Sigue abierto un proceso penal por la toma de la estación Nro. 6 del oleoducto norperuano de la empresa Petroperú, seguida de la muerte de algunos policías; y un tercer proceso, por la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán, luego de ser rendido por manifestantes.
Con relación a los hechos ocurridos en la Curva del Diablo, la Fiscalía Superior Mixta de Bagua presentó cargos contra 54 personas, atribuyéndoles grados de participación de autoría directa e instigación por varios delitos, destacándose los de motín, homicidio, arrebato de armamento de uso oficial, tenencia ilegal de armas y daños agravados. Entre las 54 personas denunciadas por la fiscalía, 23 pertenecen a los pueblos nativos Awajún o Wampis, y 31 son calificados de mestizos por la Sala Penal Liquidadora de Bagua. A lo largo del proceso penal, uno de los imputados falleció, por lo que el juicio pasó a abarcar a 53 personas.
El 18 de septiembre de 2014 la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador presentaron un escrito de Amicus Curiae ante la Sala Penal Liquidadora de Bagua. El propósito del escrito era alertar sobre la necesidad de que las autoridades judiciales peruanas observaran los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
