Para las organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, es urgente que el Estado salvadoreño cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas incluyen la creación de un registro de víctimas de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, la investigación de muertes y casos de tortura de personas detenidas bajo custodia estatal, y el establecimiento de un plan integral de reparación para las víctimas y sus familiares. También las recomendaciones para garantizar el debido proceso y permitir las visitas de familiares a los detenidos.

El informe titulado “Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador“, publicado por la CIDH la semana pasada, representa una validación de las voces de las víctimas con las que trabajan las organizaciones salvadoreñas. Asimismo, reconoce el esfuerzo técnico y científico de estas organizaciones al documentar las violaciones de derechos humanos, ante la falta de cifras oficiales y el bloqueo de información pública.

La opacidad en la información de detenidos, procesos judiciales, muertes bajo custodia del Estado y uso de fondos públicos es otro de los señalamientos del informe que las organizaciones destacaron.

Este robusto informe, el más completo hasta la fecha sobre el régimen de excepción, fue elaborado con información de organizaciones sociales, del Estado y otras fuentes. Sin embargo, el Estado salvadoreño no ha permitido una visita de la CIDH al país para constatar directamente la situación.

El informe también desmonta la falsa dicotomía entre derechos humanos y seguridad, señalando en una de sus conclusiones: “La contraposición de estos dos aspectos es un falso dilema. La garantía y protección de los derechos humanos deben ser el objetivo y punto de partida de cualquier esfuerzo en materia de seguridad ciudadana”.

Como las organizaciones han solicitado durante los últimos años, la CIDH también recomendó que el Estado modifique la legislación para incorporar más medidas alternativas a la prisión preventiva, así como ajustar las leyes penales y procesales adoptadas o reformadas durante el régimen de excepción a los estándares interamericanos. Lo mismo aplica para la legislación en justicia juvenil reformada en ese contexto.

Para las organizaciones, este informe posiciona a El Salvador a nivel internacional como un Estado violador de derechos humanos, donde se han perdido los controles propios de una democracia y prevalece la arbitrariedad en un escenario de concentración de poder. Asimismo, esperan que el Estado acate estas recomendaciones y garantice justicia y reparación para las personas inocentes afectadas por el régimen de excepción.