Nueve organizaciones internacionales firmantes condenan la falta de transparencia en los resultados anunciados de las elecciones presidenciales en Venezuela del 28 de julio. Esta falta de claridad plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad de las elecciones, generando amplias dudas sobre la credibilidad de la afirmación de que los venezolanos otorgaron a Nicolás Maduro un tercer mandato presidencial. Dada esta situación, la comunidad internacional debe insistir en que las autoridades venezolanas garanticen y faciliten de inmediato un proceso de verificación independiente de los resultados electorales.

El 28 de julio, los venezolanos participaron de manera masiva y pacífica en las elecciones presidenciales, demostrando un inspirador compromiso con los principios democráticos. Esto ocurrió a pesar de que el proceso electoral se vio gravemente empañado por violaciones de los derechos humanos e irregularidades, incluyendo detenciones de miembros de la oposición, inhabilitaciones arbitrarias de candidatos de la oposición, restricciones arbitrarias impuestas a personas venezolanas para votar en el extranjero y a los jóvenes, y esfuerzos para restringir aún más el espacio cívico. Las personas venezolanas merecen unas elecciones en las que se cuente cada voto de forma precisa y transparente.

Basados en el derecho del pueblo venezolano a participar en unas elecciones justas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela debería inmediatamente:

– Poner a disposición la totalidad de las actas de escrutinio a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela y a los observadores electorales nacionales e internacionales como lo exige la legislación venezolana. El CNE debe publicar los datos por estado, municipio, parroquia, centro de votación y mesa electoral; y revisar posibles discrepancias en los resultados de las actas públicas.

– Completar los procesos de auditoría electoral y verificación ciudadana según lo exige la ley, con el fin de reconciliar los recibos de votación con los datos registrados en el Acta de Escrutinio emitida por cada centro de votación. La auditoría debe ser pública y el proceso verificable.

Hasta que se cumplan estas condiciones y se respete el derecho de las personas venezolanas a una información transparente sobre el proceso electoral, la comunidad internacional debería abstenerse de reconocer el resultado anunciado. Los gobiernos y las organizaciones intergubernamentales internacionales y regionales deben utilizar todas las herramientas diplomáticas a su disposición para instar a las autoridades venezolanas a llevar a cabo un conteo de votos justo y transparente que respete el derecho de las personas venezolanas a votar en unas elecciones “que garanticen la libre expresión de la voluntad de los electores” y a elegir efectivamente su futuro político.

Además, el Centro Carter y el Panel de Expertos Electorales de la ONU, como las únicas misiones de observación técnica internacional acreditadas por el CNE, deben tener acceso a toda la información del proceso electoral para proceder con sus informes imparciales de acuerdo con los memorandos de entendimiento acordados por cada organización con las autoridades venezolanas.

Si las autoridades venezolanas no garantizan un informe completo y transparente de los resultados electorales, tal como lo exige la legislación venezolana, se arriesgan a perder canales vitales de compromiso diplomático y a un renovado aislamiento regional e internacional, con potenciales consecuencias graves para las personas venezolanas dentro y fuera del país.

Entre el 26 y el 29 de julio, organizaciones locales informaron haber documentado más de 130 detenciones arbitrarias, así como homicidios ilegales confirmados y potenciales. Estas detenciones se han producido en un contexto de hostigamiento, persecución y criminalización que marcó la campaña electoral.

Por último, hacemos un llamado a la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente, el respeto de las garantías del debido proceso y la no criminalización de los líderes de la oposición y de la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta pacífica. También instamos al máximo respeto por sus derechos a la libertad de reunión, la libertad de expresión, la libertad y la seguridad de las personas y a la libertad de movimiento.

Organizaciones firmantes:

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)

Robert F. Kennedy Human Rights

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

CIVICUS

Centro Global para la Responsabilidad de Proteger (GCR2P)

Comisión Internacional de Juristas

Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)

Human Rights Watch (HRW)