La institucionalidad ecuatoriana no fue diseñada para enfrentar la corrupción y la violencia que emplean los grupos de delincuencia organizada para cooptar los espacios del poder público; esta fue la conclusión general en un evento reciente. Las megacausas de corrupción judicial denominadas “Metástasis”, “Purga” y “Plaga”, han develado la infiltración del crimen organizado en todos los niveles de las instituciones del sistema judicial ecuatoriano. En los tres casos se investigan redes de delincuencia organizada, conformadas por jueces, funcionarios judiciales y administrativos del Consejo de la Judicatura, abogados, policías y agentes del sistema penitenciario, que operaban para “comprar” a operadores de justicia y las resoluciones favorables a sus intereses.
Por otra parte, continúan incrementando los casos de amenazas y atentados del crimen organizado contra jueces, juezas y fiscales en Ecuador. En lo que va del año se han registrado los asesinatos de un fiscal y de un funcionario de fiscalía, además de múltiples amenazas de bomba y atentados contra la integridad de los operadores. En 2023, el Observatorio de Derechos y Justicia registró un total de 30 atentados contra los funcionarios y edificaciones del sistema de justicia; que, hasta el momento, se mantienen impunes. La impunidad se agrava para aquellos casos que no se hacen públicos o no se denuncian por temor a represalias.
A pesar de lo anterior, hasta la fecha no se han adoptado acciones concretas para proteger a los operadores de justicia en situación de riesgo y propender a una depuración y reforma judicial para hacer frente a la amenaza del crimen organizado.
Este escenario se torna especialmente preocupante porque, entre 2024 y 2025, se renovarán las más altas autoridades del sistema de justicia: la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura. Evidentemente, estos procesos de selección serán de alto interés para los grupos de delincuencia organizada.
Sin embargo, los concursos de méritos y oposición para seleccionar autoridades del sector justicia han presentado, históricamente, importantes debilidades a la hora de asegurar la transparencia de los procesos y la integridad de sus resultados. No obstante, estas fallas adquieren mayor trascendencia cuando se trata de blindar los procesos frente a la posible infiltración del crimen organizado. Por ejemplo, se han identificado que tres personas relacionadas al caso Metástasis concursaron para ser jueces nacionales; y, que un juez procesado en el caso Purga postuló para ser conjuez temporal de la Corte Nacional.
Desde el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ) se han identificado cinco desafíos importantes que existirán en los próximos procesos de selección de altas autoridades del sistema judicial, de cara a minimizar los riesgos de cooptación.
1. Alta postulación
En los procesos que permiten postulaciones abiertas —por ejemplo, en el caso de la Corte Nacional y la Fiscalía General del Estado— suele existir un elevado número de candidatos —entre 100 y 200 en promedio—; porque se permite que cualquier persona que cumpla los requisitos postule.
Aunque esta apertura es una manifestación del derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad, es necesario reconocer que un mayor número de postulantes requiere mayores esfuerzos para calificar y filtrar a los mejores. También, implica que más personas deberán revisar expedientes y asignar puntajes. En la evaluación psicológica y de confianza, el número de postulantes puede incidir en el rigor con el que se aplican dichas evaluaciones; y requiere que se destinen mayor tiempo para una evaluación rigurosa y mayores recursos para la contratación de estos servicios. Por otro lado, el elevado número de postulaciones también supone un mayor desafío para las labores de veeduría y fiscalización desde la ciudadanía, pues las personas, periodistas u organizaciones que quieran fiscalizar los antecedentes de quienes postulan deberán revisar una extensa documentación y procesar grandes cantidades de información, a menudo de difícil comprensión.
2. Miedo a denunciar
Actualmente, se permite que cualquier persona presente una impugnación ciudadana contra las personas participantes de un concurso de méritos y oposición que hayan superado las fases anteriores; para cuestionar, principalmente, su probidad e idoneidad. Las impugnaciones se presentan con nombre y firma de responsabilidad; y deben contener otros datos para identificar al impugnante. Si una impugnación cumple con los requisitos establecidos se convoca a una audiencia pública, a la que deben comparecer ambas partes.
El diseño de este mecanismo difícilmente es adecuado para impugnar a candidaturas vinculadas al crimen organizado u otros perfiles de riesgo, pues aunque existan personas con información relevante, el grado de exposición que adquieren estos procesos puede disuadir la participación ciudadana. En otras palabras, es plausible que las y los ciudadanos se abstengan de presentar impugnaciones ciudadanas por temor a posibles represalias; y ante la ausencia de garantías para su seguridad.
3. Calificaciones opacas
La poca transparencia en la asignación de puntajes ha sido una constante en los concursos de méritos y oposición; que va acompañada de espacios de excesiva discrecionalidad. Lo que suele ocurrir es que se publican los puntos obtenidos por cada participante, pero no se publican las rúbricas o los criterios de calificación. También, ha ocurrido que candidatos y candidatas con trayectoria y probidad reconocidas obtienen calificaciones inferiores a otras postulaciones con antecedentes poco conocidos; o, que entre dos candidaturas en una situación similar, una obtiene un puntaje significativamente superior al de la otra.
Frente a estos escenarios, no se descarta la posibilidad de que candidaturas que estén relacionadas al crimen organizado puedan obtener mayores puntajes, por razones indebidas.
4. Desconfianza de los “exámenes de confianza”
Los llamados “exámenes de confianza” son una incorporación reciente a los procesos de selección de autoridades de justicia. Sin embargo, las dos experiencias de su implementación —ambas en el concurso para la Corte Nacional de Justicia— han dejado más preguntas que respuestas.
En primer lugar, está la cuestión de si la metodología que se ha venido aplicando es adecuada para evaluar la probidad e integridad de los candidatos. Hasta el momento estos exámenes han consistido en evaluaciones de tipo psicométrico, declaraciones de conflicto de interés y pruebas de honestidad. Estas herramientas parecerían más bien inofensivas a la hora de identificar vínculos con organizaciones delictivas; o posibles riesgos en ese sentido. En segundo término, se cuestiona cuáles deben ser las credenciales y la experticia de las empresas que provean este servicio. En el primer concurso, ocurrió que el software utilizado por la empresa proveedora tuvo “fallas técnicas e incompatibilidades” con el sistema informático del Consejo de la Judicatura. En el segundo concurso, se llegó a conocer que se había contratado a una “empresa fantasma“, de reciente creación y con escasos registros de operaciones.
5. Excesiva complejidad de los procesos de selección
Los concursos suelen caracterizarse por ser engorrosos, con múltiples fases, subfases, comisiones, comités y tribunales. Esta excesiva complejidad abre resquicios imperceptibles para la discrecionalidad y la corrupción; que van acompañados de la falta de transparencia y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas para quienes intervienen en los cuerpos colegiados. Estas condiciones generan un escenario ideal para favorecer indebidamente a ciertos postulantes; y, en consecuencia, agravan el riesgo de que el crimen organizado pueda cooptar estos espacios, pasando desapercibido.
En este punto, es necesario hacer un llamado urgente a que los órganos encargados de llevar a cabo estos procesos de selección consideren estos y otros riesgos que puedan existir para la integridad de los procesos; y realicen las modificaciones pertinentes a sus reglamentos. Nuevamente, el resultado de estos concursos determinará si se avanza o se entorpece la lucha contra la criminalidad organizada, la violencia y la impunidad que azotan al país.
Créditos de fotografía: vía Ecuavisa / Archivo.
