En una comunicación conjunta dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (WGAD, por sus siglas en inglés), DPLF, en colaboración con el Centro de Derechos Civiles y Políticos (CCPR), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Cristosal, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), informamos sobre las detenciones masivas que policías y militares están realizando desde marzo de 2022, cuando el congreso salvadoreño aprobó un estado de excepción a iniciativa del presidente Nayib Bukele.
De acuerdo con la información analizada, la mayoría de las más de 82,000 detenciones realizadas bajo el estado de excepción constituyen detenciones arbitrarias según el derecho internacional y los estándares desarrollados por el mismo WGAD. En muchos de estos casos no existe fundamento legal para la detención, en otros las personas detenidas están incomunicadas, y en algunos hay una negativa por parte de las autoridades penitenciaras a ejecutar órdenes de libertad emitidas por un juez o jueza. También se les considera detenciones arbitrarias ya que carecen de garantías al debido proceso, tales como la violación al principio de presunción de inocencia, el uso de la prisión preventiva de oficio y la violación al derecho a la defensa penal y a la igualdad de armas, entre otras.
Otras lecturas recomendadas:
– Informe de Organizaciones de sociedad civil de El Salvador al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas (WGEID) sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
– Desapariciones forzadas de corta duración: Documento presentado al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU
