La Constitución de El Salvador en peligro: ¿cambiando las reglas del juego?

13/12/2024

El mandato del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por una constante confrontación con otros poderes del Estado y resistencia a los mecanismos de control democrático, la transparencia y la rendición de cuentas. Su alta popularidad le aseguró  en las elecciones de 2021, una amplia mayoría para su partido en el Congreso salvadoreño, allanando el camino para la cooptación de la institucionalidad pública en El Salvador. Hoy, cada reforma propuesta por el Ejecutivo es aprobada por la Asamblea Legislativa sin mayor discusión.

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido inmune al control del Ejecutivo. Actualmente conformada por magistrados y magistradas sin las credenciales necesarias y subordinados a los designios del presidente Bukele, la Sala ha emitido decisiones contrarias al derecho y favorables al gobierno: como la que dio paso libre a la reelección presidencial inmediata pese a estar prohibida por la Constitución salvadoreña. Otro ejemplo es la negación masiva de protección judicial en procesos de habeas corpus en casos de personas detenidas injustamente o desaparecidas en el marco del estado de excepción.

En este contexto se está impulsando –sin ningún debate público– una reforma constitucional significativa que pretende modificar el proceso de reformas a la propia Constitución. Esto implicaría alterar una norma pétrea de primer orden, poniendo en riesgo los principios que sostienen la democracia salvadoreña.

La Constitución de El Salvador en peligro: ¿cambiando las reglas del juego? analiza las reformas que se pretenden realizar a la Constitución y el rol del Poder Judicial, específicamente de la Sala de lo Constitucional, en frenar o facilitar esa y otras reformas regresivas que están siendo impulsadas desde el Ejecutivo.

Esta publicación da continuidad a los temas expuestos en la audiencia temática “Reformas constitucionales e institucionalidad democrática en El Salvador” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2024.