Las organizaciones de sociedad civil abajo firmantes toman nota del comunicado conjunto suscrito el 12 de agosto por las delegaciones del oficialismo y de la Asamblea Nacional electa en 2015, en el que se anuncia el inicio de un proceso de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) y la renovación de la totalidad de sus magistrados.
Recibimos con atención este anuncio, pues coloca en el centro de la agenda de reinstitucionalización precisamente el nudo estructural que durante años hemos señalado como condición ineludible para hablar de un cambio real en Venezuela: el papel que ha jugado el Poder Judicial, y en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), como instrumento de represión, persecución política y demolición progresiva del Estado de derecho. Que la reforma del sistema de justicia forme parte explícita de esta mesa es, en sí mismo, un reconocimiento de esa realidad que la sociedad civil ha documentado de forma sostenida. Lo que hoy anuncia la mesa de diálogo confirma la vigencia y la urgencia de nuestras advertencias históricas.
Este anuncio no es un tema nuevo para quienes seguimos de cerca el estado de la justicia en Venezuela. En ese sentido, reafirmamos y hacemos eco de las propuestas que la sociedad civil venezolana ha elaborado a lo largo de los años, así como de las recomendaciones que los mecanismos internacionales han generado sobre esta materia. Ponemos estos insumos a disposición de todas las partes involucradas para su mejor aprovechamiento: el acervo técnico existe y debe ser utilizado.
En ese orden, reafirmamos nuestras reflexiones y exigencias planteadas apenas la semana pasada, el 6 de agosto, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se expusieron los riesgos y las condiciones mínimas que debía cumplir cualquier proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia y que han quedado recogidas formalmente en el Termómetro de la Justicia, Verdad y Estado de Derecho:
“Ninguna reforma institucional creíble es posible mientras el sistema de justicia siga siendo un instrumento del poder político. Se exige un acuerdo político explícito —con verificación internacional y de la sociedad civil— que establezca la independencia e imparcialidad del sistema de justicia como condición previa a cualquier proceso de cambio institucional. Ese acuerdo debe incluir mecanismos que impidan la interferencia del Ejecutivo y el Legislativo y cualquier órgano del Poder Público sobre las decisiones judiciales, la depuración de funcionarios judiciales, fiscales y defensores públicos que participaron en la represión, y la suspensión inmediata de quienes tienen procesos abiertos por violaciones de derechos humanos”.
En vista del proceso de potencial reinstitucionalización, coincidimos que estamos frente a una oportunidad histórica para establecer instituciones democráticas, que ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del TSJ se ajuste plenamente al modelo constitucional. Al formar hoy parte de la agenda de reinstitucionalización, se abre la ventana para corregir las deficiencias, que en ocasiones anteriores, han marcado los procesos de reforma del Tribunal Supremo y del sistema de justicia en su integralidad.
Más allá de este acuerdo político previo, exigimos que el proceso de selección de magistrados cumpla, como mínimo, con las siguientes garantías técnicas:
1. Publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia LOTSJ. Sin reglas conocidas de antemano (qué peso tendrá la experiencia profesional, cómo se medirá la independencia, la trayectoria ética y el conocimiento jurídico, el respeto a los derechos humanos) es imposible verificar si las designaciones responderán al mérito o a preferencias políticas.
2. Acceso público a los expedientes de los postulados, no solo a la lista de nombres. La sociedad civil debe poder consultar y contrastar las trayectorias, posibles conflictos de interés y vínculos con órganos del Estado de cada candidato.
3. Constitución de un comité técnico independiente con participación de especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento.
4. Recomposición del propio Comité de Postulaciones Judiciales conforme a la Constitución, devolviendo a la sociedad civil —y no a la Asamblea Nacional— el rol central en la preselección de candidatos que el texto constitucional le atribuye.
5. Reconfiguración del Comité de Evaluación del Poder Ciudadano, nombrado en abril pasado, en contra de lo establecido en la Constitución y la Ley del Poder Ciudadano, para la evaluación de los candidatos al cargo de Fiscal general y Defensor/a del Pueblo. Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil. Lo más irregular en la actualidad es que su presidente es el mismo del Comité de Postulaciones Judiciales.
Por el papel estructural que ha tenido este tribunal en la represión, la persecución política y demolición progresiva del Estado de derecho, haremos seguimiento y monitoreo cercano de cada etapa de este proceso. La apertura de este proceso en el marco de la mesa de negociación puede ser una oportunidad genuina para corregir lo que hasta ahora ha estado signado por la opacidad y el control político, pero solo será real si el resultado es independencia judicial verificable y sostenida en el tiempo.
La reconstrucción del Estado de derecho en Venezuela comienza por recuperar la independencia de sus jueces, y esa confianza solo podrá restablecerse mediante un proceso de selección constitucional, transparente, participativo y basado exclusivamente en el mérito.
Suscriben:
Acceso a la Justicia
Aula Abierta
Caleidoscopio Humano
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Civilis
Comité por la Libertad de los Presos Políticos
Defiende Venezuela
Freedom House
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Ideas por la Democracia
Justicia, Encuentro y Perdón
Lateral Lab
Observatorio Global de Comunicación y Democracia
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Provea
Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center
Voces de la Memoria
Crédito de fotografía: Guillermo Ramos. Archivo.
