– ODJ, DPLF y CEJIL expusieron ante la CIDH los problemas estructurales que amenazan la independencia judicial en Ecuador
– Las organizaciones solicitaron dar seguimiento prioritario a esta situación y realizar una visita de trabajo, seguida de un informe con recomendaciones concretas para superar estas problemáticas.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador) participaron de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que alertaron sobre el agravamiento de las amenazas a la independencia judicial en Ecuador, en un contexto de creciente debilitamiento de las instituciones democráticas y cierre del espacio cívico. Las organizaciones advirtieron que esta situación compromete las garantías del Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos.
Durante la audiencia, las organizaciones señalaron que la independencia judicial en Ecuador enfrenta un preocupante deterioro, en el que problemas estructurales de larga data se han visto agravados por la intensificación de ataques, presiones y amenazas contra operadores de justicia y órganos judiciales. Entre las debilidades estructurales, destacaron las deficiencias en los procesos de selección de autoridades, la provisionalidad prolongada en cargos de alta responsabilidad y los diseños institucionales que facilitan el inicio de juicios políticos e investigaciones penales y administrativas contra altas autoridades judiciales.
Asimismo, advirtieron sobre prácticas de estigmatización, criminalización y hostigamiento contra operadores de justicia, incluso por parte de altas autoridades estatales. Estas prácticas se manifiestan especialmente en casos de elevado interés público, en los que jueces y juezas han enfrentado acciones penales y administrativas simultáneas como represalia por el contenido de sus decisiones.
Por otra parte, las organizaciones expusieron el impacto de las amenazas del crimen organizado sobre jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Según los registros de ODJ, entre 2020 y 2026 se documentaron 52 atentados graves contra la vida y la integridad de operadores de justicia, que dejaron 31 víctimas mortales. En 2026, siete funcionarios judiciales han sido asesinados en el transcurso de cinco meses. En este contexto, destacaron que la ausencia de mecanismos especializados de protección, junto con las deficiencias de la infraestructura judicial, ha dejado a numerosos funcionarios expuestos a amenazas y ataques.
De igual forma, las organizaciones alertaron sobre cinco patrones de ataque contra la Corte Constitucional del Ecuador que amenazan su independencia y su papel como contrapeso democratico: intimidación, mediante la militarización de su sede, amenazas de desalojo y amenazas de bomba; intentos de limitar sus competencias, a través de propuestas para someter a sus integrantes a juicio político y restringir sus facultades de control constitucional; restricciones administrativas y financieras, que han afectado los recursos necesarios para su funcionamiento; criminalización, mediante investigaciones penales contra jueces que emitieron sentencias contrarias a iniciativas del Ejecutivo; y deslegitimación pública, a través de campañas y discursos estigmatizantes contra sus integrantes y decisiones. Estos hechos, considerados en conjunto, evidencian un patrón de presiones y posibles represalias que amenaza la capacidad de la Corte para ejercer su función de control constitucional de manera independiente.
“La independencia judicial no es solo garantía para las y los operadores de justicia, sino también condición indispensable para la preservación del Estado de Derecho y el goce pleno de los derechos humanos”, señalaron las organizaciones en sus alegatos ante la CIDH. En similar sentido, se pronunció la Relatora Especial de la ONU sobre Independencia de Magistrados y Abogados quien participó de la audiencia y coincidió con varias de las preocupaciones señaladas por las organizaciones.
Ante todo lo expuesto, las organizaciones solicitaron a la Comisión dar seguimiento prioritario a la crisis democrática en Ecuador, con especial atención a la independencia judicial, mediante los mecanismos previstos en su mandato, realizar una visita de trabajo enfocada en esta problemática y elaborar un informe que analice los hechos expuestos y formule recomendaciones específicas, concretas y verificables, entre otras.
Firman:
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF)
Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador)
