En décadas pasadas, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay experimentaron dictaduras; más tarde, Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú atravesaron conflictos armados internos, dejando un legado de dolor en las sociedades. Durante esos períodos de violencia política, actores estatales y paraestatales cometieron abusos de derechos humanos a gran escala tales como detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales. Muchos de estos abusos constituyeron crímenes internacionales: genocidio, crímenes de guerra y/o crímenes de lesa humanidad, según el derecho internacional penal, dado que se ejecutaban como parte de planes y políticas de Estado, de forma generalizada y sistemática.

Tras el regreso a la democracia, y luego de la caída de amnistías y normas de prescripción, en la región se llevaron a cabo juicios para determinar la responsabilidad de los perpetradores, desde Argentina hasta Guatemala, con distintos grados de complejidad y éxito.

En la actualidad, por un lado, la persecución y enjuiciamiento de las atrocidades del pasado sigue enfrentando obstáculos. Por otro lado, han surgido nuevos crímenes internacionales en países con gobiernos represivos y democracias débiles, como Nicaragua, Venezuela, y El Salvador.

DPLF trabaja en estos contextos, para promover la rendición de cuentas de crímenes internacionales del pasado y presente, en procesos de justicia domésticos, apoyando a sociedad civil local y a los sistemas de justicia, con la presentación de amicus curiae, como en el caso de la masacre de El Mozote en El Salvador. También promovemos que el sistema interamericano de derechos humanos y los mecanismos de Naciones Unidades presten atención a estas situaciones, especialmente cuando la justicia interna no funciona adecuadamente.

En Venezuela, por ejemplo, junto a un amplio grupo de organizaciones locales e internacionales promovemos el avance de la investigación preliminar abierta por la Corte Penal Internacional (CPI); asimismo, que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada por la ONU, realice su labor de evaluación de la situación de derechos humanos en ese país, incluida la comisión de crímenes de lesa humanidad. Adicionalmente, apoyamos litigios en terceros países por corrupción vinculada con este tipo de crímenes a través de análisis innovador y alianzas.