La presente relatoría busca difundir los argumentos y las recomendaciones de sociedad civil y población sobre la afectación al derecho de acceso a información y la transparencia en contextos extractivos planteadas en la Audiencia Pública “Derecho de acceso a la información y transparencia en la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de actividades extractivas en América”. La audiencia se realizó el sábado 18 de marzo de 2017, entre las 10.30-11:15 horas Washington DC., en el marco del 61° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En ella se expuso cómo la inaplicación efectiva del derecho a la información pública en Nicaragua, Guatemala y República Dominicana en el ámbito de las industrias extractivas, implica la vulneración de otros derechos tales como: como la vida, salud, integridad física, ambiente sano y equilibrado, participación ciudadana, consulta previa, entre otros, siendo los frecuentemente perjudicados, las poblaciones más vulnerables y sometidas a una situación de desventaja histórica, como mujeres, pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes.
La petición de la audiencia pública fue solicitada por el Movimiento Salvemos a Santo Domingo, con el apoyo del Centro Humboldt de Nicaragua; Acción Ciudadana y Convergencia Social y de ONG’s “Tezulutlán”, con el apoyo de comunidades organizadas en resistencia por sus recursos hídricos de Guatemala; la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Espacio Nacional para la Transparencia en las Industrias Extractivas (ENTRE), con el apoyo de comunidades afectadas por la minería de los poblados de La Piñita, Tocoa y el Yagal de la provincia Sánchez Ramírez de República Dominicana; y Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) junto con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, en inglés). En el marco del seguimiento a las políticas de acceso a la información y transparencia en América Latina y el Caribe.
Dada la cercanía de la mayoría de las organizaciones solicitantes de la audiencia con las comunidades y personas afectadas por las actividades extractivas, la intención es compartir el testimonio de las propias víctimas en torno a la dificultad y, en algunos casos, imposibilidad de acceder a información sobre actividades extractivas que afectan a su entorno y a derechos básicos. Adicionalmente, se aborda algunos patrones vinculados a la falta de transparencia con relación a la política fiscal en el ámbito extractivo, ejemplos que reflejan la ineficacia de los procedimientos administrativos, institucionales y judiciales para reclamar la entrega de información sobre el mapeo de concesiones, pago de regalías, exenciones tributarias, licenciamiento y fiscalización ambiental, entre otros. Si bien son de innegable interés público, suelen ser manejados con secretismo por parte de la administración pública de los países objeto de la audiencia.
Con un número importante de representaciones y organizaciones peticionarias, la audiencia brindó mayor información y elementos –de primera mano– que permitieron el desarrollo del trabajo de la CIDH en su mandato en cuanto al ejercicio del derecho de acceso a la información sobre la gestión ambiental, concesión, monitoreo y fiscalización de las actividades extractivas en América Latina y el Caribe. La audiencia fue presidida por Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien estuvo acompañada del comisionado James Cavallaro y el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza.
