Un colectivo de miembros de la Red-DESC, de la cual DPLF forma parte, y organizaciones aliadas presentaron una comunicación escrita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco de su opinión consultiva sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos, solicitada por Chile y Colombia. Esta opinión será una importante contribución para la convergencia entre los compromisos de combate al cambio climático y las obligaciones estatales en materia de derechos humanos.
El documento presentado a la Corte IDH recoge los siguientes aspectos de la intersección entre clima y derechos humanos:
– las dimensiones globales, desigualdades históricas, e inequidades relacionadas con el cambio climático exigen una especial atención a las obligaciones extraterritoriales, de solidaridad y cooperación internacionales;
– los efectos desproporcionados del cambio climático exigen que la garantía de igualdad y no discriminación orienten las respuestas a la crisis climática;
– los impactos dispares sobre un grupo especialmente vulnerable —los jóvenes y las generaciones futuras— exigen el reconocimiento y aplicación de principios de justicia intergeneracional;
– la transición energética y otras medidas de mitigación al cambio climático deben ser justas y equitativas, respetando los derechos humanos— como los derechos a la libre determinación de los Pueblos Indígenas;
– los Estados y las empresas deben abstenerse de implementar proyectos de créditos de carbono u otras modalidades de las llamadas “soluciones basadas en la naturaleza” que, que socavan los derechos de los Pueblos Indígenas;
– se debe promover la rendición de cuentas corporativa, incluida la prevención de la captura corporativa, para detener los daños climáticos actuales y prevenir los futuros;
– la Corte IDH debería desarrollar estándares mínimos sobre garantías y protección judicial en relación con los litigios climáticos.
Las opiniones consultivas son una interpretación vinculante de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados, con el objetivo de que los Estados del Sistema Interamericano adecuen sus leyes, prácticas y políticas públicas.
El escrito fue elaborado por las siguientes integrantes de la Red-DESC: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés); European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR); FIAN International; Forest Peoples Programme (FPP); Jackie Dugard; Minority Rights Group International (MRG); y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Asimismo, contó con la colaboración del Instituto de Defensa Legal (IDL) y de Open Society Justice Initiative (OSJI).
