El Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane se refiere a una serie de violaciones a los derechos humanos de los referidos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) y sus miembros, producto de la realización de proyectos extractivos y de actos de violencia ocurridos entre 2003 y 2013 en sus territorios. Asimismo, se relaciona con el incumplimiento de la obligación de Ecuador de adecuar su normativa interna y de adoptar las medidas necesarias para garantizar la intangibilidad del territorio de los PIAV en el país.
Elaborado por DPLF; la Clínica de Derechos Humanos del Programa de Postgrado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná; la Clínica de Derechos Humanos del Human Rights Research and Education Centre de la Universidad de Ottawa; el Observatorio Derechos y Justicia de Ecuador; y por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); el amicus curiae busca aportar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos elementos jurídicos relacionados con la libre determinación de los pueblos indígenas bajo el derecho internacional, el régimen de empresas y derechos humanos y los derechos de los PIAV, y los límites a la intangibilidad de áreas protegidas por motivos de interés nacional.