La Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y DPLF han presentado un amicus curiae al Tribunal Constitucional peruano en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 31973, conocida como la Ley Antiforestal. Esta norma, que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, permite actividades agropecuarias en áreas protegidas de uso forestal, además de transferir competencias clave del Ministerio del Ambiente (MINAM) al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Estas modificación afectan gravemente a los territorios indígenas, especialmente aquellos ocupados por comunidades en aislamiento voluntario, y vulneran sus derechos sobre tierras protegidas y reservas territoriales.
El amicus destaca que la Ley 31973 fue aprobada sin consulta previa a las comunidades indígenas, violando estándares internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, se advierte que esta norma vulnera derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación y al territorio. Finalmente, el escrito subraya que la Ley 31973 podría debilitar la protección de los bosques amazónicos, esenciales para la preservación de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades indígenas que dependen de ellos.
Con esta intervención, las organizaciones firmantes buscan proporcionar al Tribunal Constitucional los fundamentos normativos y jurisprudenciales necesarios para evaluar de manera adecuada el impacto de la Ley 31973 sobre los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.
