El pasado 15 de marzo de 2013 acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos varios líderes indígenas y miembros de organizaciones de la sociedad civil boliviana, para informar a la Comisión sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

La delegación estaba conformada por Adolfo Chávez, Presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Fernando Vargas, Presidente de la Sub-Central del TIPNIS, Iván Bascopé, de la Red Jurídica Amazónica y Ramiro Orías, de la Fundación Construir.

El TIPNIS es territorio ancestral de los pueblos indígenas Mojeño Trinitario, Yuracaré y T’simane, cuya integridad actualmente se encuentra amenazada por la construcción de un proyecto carretero que atravesaría el centro del territorio afectando no solo zonas de alta fragilidad ecosistémica en las serranías subandinas y llanuras aluviales sino la subsistencia y la forma de vida de los pueblos indígenas que en él habitan.

Durante la audiencia, los peticionarios resaltaron la violación de derechos colectivos e individuales de 64 comunidades indígenas. Entre los derechos vulnerados a raíz de la implementación del proyecto carretero Villa Tunari –San Ignacio de Moxos en el territorio indígena habitado por estas comunidades, se mencionaron el derecho al territorio, a la libre determinación, a la consulta y al consentimiento. Igualmente, recalcaron la inexistencia de mecanismos de coordinación entre el Estado boliviano y las comunidades indígenas, sus representantes y sus estructuras tradicionales.

La delegación hizo énfasis en que la protección de su territorio ancestral ha llevado a la comunidad a manifestar su oposición al proyecto carretero, y en lo que esto ha significado para las comunidades. Indicaron que la participación de la comunidad indígena en las diversas marchas ha generado enfrentamientos con la policía y con las fuerzas armadas, y citaron como ejemplo la represión del 25 de septiembre de 2011, que resultó en la intervención violenta de 687 marchistas de los cuales 70 sufrieron heridas graves.

Antes de finalizar la audiencia, la delegación solicitó a la CIDH que, a su vez, le solicitara al Estado boliviano un informe sobre los hechos y las medidas adoptadas durante las marchas indígenas de mayo de 2012 y septiembre de 2011. La delegación también pidió a la Comisión que exhortara al Estado Plurinacional de Bolivia a respetar los derechos humanos de los pueblos indígenas del TIPNIS. Los comisionados le solicitaron al Estado información sobre el proceso de consulta llevado a cabo en el TIPNIS, así como sobre los estudios que se hubieren realizado para analizar las afectaciones ambientales de los recursos naturales y de la identidad e integridad cultural de los pueblos indígenas. Los comisionados también pidieron –tanto al Estado como a los peticionarios– información sobre la existencia de evaluaciones para mitigar o disminuir el impacto de la construcción del proyecto.

La CIDH indicó que continuará monitoreando la situación de derechos humanos de las personas afectadas por las obras en el TIPNIS y que estará atenta a recibir cualquier información complementaria que le hagan llegar las partes.

En la mesa de peticionarios Iván Bascopé, Fernando Vargas, Adolfo Chávez y Ramiro Orías. Fotografía de Eddie Arrossi.