Más de 30 organizaciones de la sociedad civil boliviana demandan la apertura de espacios de participación para aportar con propuestas al proceso de institucionalización de la carrera judicial, así como mecanismos necesarios que otorguen transparencia y publicidad al funcionamiento en la administración de justicia, así como se establezcan las garantías necesarias para que el Consejo de la Magistratura y el resto de las instancias que forman parte del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional ejerzan de manera autónoma e independiente con las funciones y competencias reconocidas en la Constitución Política del Estado, que son indelegables.