La Amazonía atraviesa un momento decisivo. La expansión de la minería ilegal de oro amenaza no solo la estabilidad climática global, sino los derechos humanos de millones de personas que habitan y protegen el bosque tropical más grande y biodiverso del planeta.
Este nuevo informe, elaborado por la Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA), analiza los vínculos entre crisis climática, degradación ambiental y violación a derechos humanos en la cuenca amazónica de Brasil, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. El documento destaca el rol de las redes de corrupción y del crimen organizado en el avance de la minería ilegal y propone rutas concretas para una acción internacional más efectiva de cara a la COP30 en Belém.
El documento plantea la urgencia de:
– Reconocer el rol central de los pueblos indígenas en la gobernanza climática.
– Establecer marcos regulatorios sólidos que frenen la cadena de la minería ilegal.
– Impulsar alternativas sostenibles como las prácticas agroforestales indígenas.
– Fortalecer la cooperación transfronteriza y los mecanismos financieros verdes.
Este informe invita a la comunidad internacional, Estados y sector privado a priorizar la reducción de la minería ilegal en la Amazonía como una medida efectiva de mitigación al cambio climático. Para ello, es fundamental articular justicia climática y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales impactadas por el referido fenómeno.
La Coalición contra la Minería Ilegal en la Amazonía (CMIA) es integrada por Amazon Conservation Team (ACT), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación Gaia Amazonas, Hutukara Associação Yanomami, People in Need (PIN), la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) y SOSOrinoco.
