El 24 de febrero de 2021, DPLF dirigió una carta a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, para alcanzarle información sobre los estándares internacionales aplicables a la garantía de la inmunidad judicial,  relevantes para resolver la solicitud de antejuicio iniciado contra la jueza Erika Lorena Aifán Dávila. En dicha solicitud de antejuicio se acusa a la jueza de haber dictado una orden de arresto contra el ex juez Mynor Moto Morataya, cuando se encontraba bajo la protección de dicha inmunidad, expresada como derecho de antejuicio.

Moto Morataya, promotor de este antejuicio, viene siendo investigado por la Fiscalía Especializada contra la Impunidad, por su presunta participación en actos de obstrucción a la justicia, en el proceso de elección de altas cortes conocido como “Comisiones Paralelas 2020”. Pese a estos graves cuestionamientos, fue elegido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala para integrar la Corte de Constitucionalidad, y juramentado por el Congreso cuando aun se encontraban pendientes de resolver diversas impugnaciones contra su designación. Al momento de emitirse la orden de arresto en su contra, Moto Morataya se encontraba en una situación de “excedencia” del cargo de juez, que había solicitado precisamente tras ser elegido para la magistratura constitucional.

Nuestro documento resalta que, según estándares internacionales, la inmunidad judicial es una de las garantías que protege la independencia de los jueces contra presiones externas, y que constituye una inmunidad funcional, es decir, estrictamente ligada a la función de juzgar, y en beneficio del cargo  y no de las personas que lo ocupan. Además, la inmunidad judicial es una excepción al principio de igualdad ante la ley, otorgada para una cierta categoría de individuos, que se justifica por la función que cumplen, de modo que su interpretación debe ser estricta y no extensiva, siendo garantía limitada.