DPLF envió una carta (disponible en inglés) al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, expresando su apoyo a la creación de la Oficina de la Ombudsperson (Procurador) para el Sector Extractivo y los Derechos Humanos. DPLF instó al gobierno canadiense para que garantice que esta nueva institución sea independiente y tenga la facultad de investigar de manera efectiva las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por compañías canadienses en el extranjero. Adicionalmente, esta Oficina debería tener la misión de promover las obligaciones extraterritoriales (ETOs por sus siglas en inglés) de Canadá sobre el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las industrias extractivas, a la luz de los estándares internacionales sobre derechos humanos y empresas.

Tal como se ilustró en el Informe Sobre el Impacto de Minería Canadiense en América Latina y la Responsabilidad de Canadá, la industria extractiva canadiense se ha visto implicada en violaciones de derechos ambientales, culturales y económicos. De igual forma, el reporte mencionado también identificó políticas públicas y prácticas del gobierno de Canadá que fomentan las violaciones de derechos humanos en Latinoamérica. Esto evidencia la necesidad que una Oficina de la Ombudsperson para el Sector Extractivo y los Derechos Humanos con funciones investigativas independientes tanto del gobierno canadiense como de la industria extractiva, para responsabilizar a las empresas por las violaciones de derechos humanos que han cometido en el extranjero.