El 29 de marzo de 2023, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y RFK Human Rights dirigimos una carta conjunta a la presidenta del Perú, Dina Boluarte Zegarra, expresando nuestra profunda preocupación por la prolongada crisis democrática que se inició el 7 de diciembre de 2022, así como por las graves violaciones a los derechos humanos producidas en el marco de las protestas sociales y que a la fecha han resultado en el fallecimiento de 67 personas, 49 de ellas por proyectiles de armas de fuego.

En dicha comunicación, las organizaciones firmantes le solicitamos considerar la creación de un Grupo de Expertos Independientes para el Perú, acompañada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que apoye técnicamente al Ministerio Público peruano en las investigaciones de estos hechos, pero también analice posibles deficiencias estructurales para identificar posibilidades de mejora. Sostuvimos que un GIEI-Perú no solo puede coadyuvar a construir casos sólidos que brinden justicia pronta a las víctimas, sino también ayudar a reconstruir la confianza en el sistema de justicia, y disipar los cuestionamientos acerca de la imparcialidad de las autoridades nacionales que las tienen a su cargo.