Ciudad de Guatemala, Washington, D.C. y San José, 18 de abril de 2016.- Mañana tendrá lugar una nueva audiencia en el proceso judicial sobre la desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen, y la detención ilegal y actos de tortura en contra de Emma Molina Theissen a manos del Ejército de Guatemala. En esta oportunidad, el Ministerio Público presentará la acusación y la jueza Judith Secaida, determinará si existen elementos suficientes para iniciar un juicio oral y público. Si el proceso avanza, se abriría una oportunidad histórica para alcanzar justicia, 35 años después de ocurridos los hechos.
El 6 de enero de este año, el Ministerio Público capturó a Manuel Antonio Callejas y Callejas, Jefe de Inteligencia Militar cuando Marco Antonio fue desaparecido. También el Ministerio Público detuvo a Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de la base militar “Manuel Lisandro Barillas” de Quetzaltenango, a Edilberto Letona Linares y a Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, militares con responsabilidades de mando en este recinto donde fue detenida Emma. El 13 de enero, los imputados quedaron bajo prisión preventiva, por los delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad.
En 1981, Marco Antonio Molina Theissen, de 14 años, fue secuestrado en la capital guatemalteca por miembros de grupos militares y en presencia de su madre. De acuerdo a los antecedentes de la investigación, su detención ocurrió como represalia contra su hermana Emma Guadalupe, quien un día antes había escapado de la base militar de Quetzaltenango, donde estuvo 9 días detenida ilegalmente. Durante su cautiverio, Emma fue torturada, sometida a violación sexual y otros abusos. Marco Antonio fue desaparecido un día después de que Emma huyera del recinto militar y desde entonces, su paradero es desconocido.
La familia Molina Theissen ha perseverado en la búsqueda de justicia, tras 35 años de impunidad del caso. Por tal razón, la audiencia de mañana resulta crucial para individualizar la responsabilidad de los culpables y sancionarlos.
Entretanto, tampoco se han conducido esfuerzos para ubicar y, en su caso, entregar los restos de Marco Antonio a su familia, pese a lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 3 de julio de 2004. Cabe recordar que, según datos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, en el conflicto armado fueron asesinadas y desaparecidas más de 200 mil personas. Sin embargo, menos del 1% de las graves violaciones citadas han tenido alguna respuesta por parte del Estado.
No obstante, a pesar de estas desalentadoras cifras, las organizaciones internacionales firmantes reconocemos los esfuerzos que está realizando el Ministerio Público, a la hora de garantizar una investigación que asegure el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, para la familia Molina Thiessen.
Exigimos que el Estado cumpla con su obligación de perseguir, juzgar y sancionar los graves crímenes contra la humanidad. Para esto, resulta de suma relevancia que el caso se dirija a un tribunal especializado, para que la investigación se lleve de acuerdo a los estándares esperados.
Por último, esperamos que Guatemala avance en su deuda histórica contra las víctimas del conflicto armado, para que exista una reparación al daño ocasionado, no sólo a la familia Molina Theissen sino también a la sociedad guatemalteca en su conjunto.
CONTACTO
Impunity Watch: Olga Alicia Paz (olga.paz@impunitywatch.org)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF): Leonor Arteaga (larteaga@dplf.org)
WOLA: Jo-Marie Burt (jmburt.wola@gmail.com)
Guatemalan Human Rights Commission (GHRC): Kelsey Alford-Jones (kajones@ghrc-usa.org)
Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights: Angelita Baeyens (baeyens@rfkhumanrights.org)
Plataforma Internacional contra la Impunidad: Anabella Sibrián (representante@plataforma.org.gt)
Abogados sin Fronteras Canadá (ASFC): Cynthia Benoist (cynthia.benoist@asfcanada.ca) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL): Francisca Stuardo (fstuardo@cejil.org)