Washington, D.C. 29 de noviembre de 2017.-En días recientes se ha apresurado en la Cámara de Diputados de México la discusión de la Ley de Seguridad Interior (LSI) que pretende normalizar la participación de las fuerzas armadas en labores policiales. En espacios públicos y medios de comunicación, legisladoras y legisladores de diversos partidos políticos han insistido en la aprobación de dicha ley. A pesar del rechazo de organizaciones de la sociedad civil, y contra la opinión de personas expertas en seguridad y derechos humanos, la Cámara está considerando su discusión para el jueves 30 de noviembre.
En este contexto, las organizaciones firmantes expresamos nuestra preocupación ante el avance de la LSI en México y/o de las reformas legales que tendrían un efecto de militarización similar al que plantea esta ley.
Durante décadas nuestras organizaciones han documentado las afectaciones a los derechos humanos como consecuencia del despliegue de militares en las calles y el uso sostenido de la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia organizada en el país. Asimismo, en el contexto de dicha estrategia, hemos documentado los retos que enfrenta el sistema de justicia civil para investigar y sancionar los abusos cometidos por la delincuencia organizada y las fuerzas de seguridad, incluyendo fuerzas armadas, así como la impunidad que prevalece en la mayoría de estos casos.
Ante esta situación, urgimos al Congreso mexicano a rechazar una ley que levanta serias y fundadas preocupaciones y a hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional. El Estado mexicano debe atender las exigencias de las organizaciones sociales que demandan reformas para profesionalizar la policía en todo el país y garantizar una Fiscalía y un Fiscal General autónomos, capaces de investigar delitos y violaciones a derechos humanos. El Fiscal y la Fiscalía son herramientas necesarias para acabar con la impunidad generalizada en el país. El debate sobre eventuales cambios en las normas que regulan la seguridad pública debe estar precedido por la presentación de un plan de retiro progresivo de las fuerzas armadas de las operaciones de seguridad pública en estrecha correlación con la profesionalización de la policía a todos los niveles.
Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México, incluidas la reforma del sistema penal acusatorio del 2008, la reforma de derechos humanos del 2011 y la reforma del 2014, que restringió el alcance del fuero militar estableciendo la investigación y el juzgamiento por parte de la jurisdicción civil de violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas en contra de civiles. De esta forma, a menos que se fortalezca el sistema de justicia civil en México, estas reformas corren el riesgo de convertirse en “derechos de papel” si se aprueba la LSI.
* Ver también pronunciamiento publicado el 22 de marzo de 2017: Pronunciamiento abierto de organizaciones internacionales de derechos humanos en contra de la adopción de una Ley de Seguridad Interior en México
Organizaciones firmantes:
Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT)
Amnistía Internacional
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Conectas Direitos Humanos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Robert F. Kennedy Human Rights
World Organisation Against Torture (OMCT)