El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Human Rights Watch (HRW) y Washington Office on Latin America (WOLA) estamos muy preocupadas por la erosión de las instituciones democráticas y el Estado de derecho en el Perú. Esa erosión socava los derechos a la verdad y a la justicia por las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.

El informe de la Comisión del pasado abril pedía fortalecer la independencia judicial y el sistema electoral. Ese pedido ha sido totalmente ignorado.

Al contrario, sectores del Congreso han arremetido contra otras instituciones democráticas. En 2022, el Congreso nombró a seis de los siete miembros del Tribunal Constitucional en un proceso que careció de suficiente transparencia y no garantizó que los candidatos fueran escogidos con base en el mérito. En una decisión en febrero de 2023, el tribunal abrió el camino para la selección de un defensor del pueblo, una figura crucial para la defensa de derechos humanos. La Comisión pidió una selección por méritos. En su lugar, el Congreso escogió como defensor a una persona sin ninguna experiencia en derechos humanos que se ha dedicado a desmantelar la Defensoría.

En clara violación de la independencia judicial, en junio el Congreso inhabilitó por cinco años a una fiscal por una decisión que tomó en su carácter de fiscal de la Nación, a partir de su interpretación de la ley.

Ahora el Congreso busca destituir a la Junta Nacional de Justicia, en un proceso “sumario”, con base en supuestas causas graves y mediante un proceso no definidos por la ley.

El pasado martes, la Corte Superior de Justicia de Lima acogió una acción de amparo presentada por la Junta en base a violaciones del debido proceso y ordenó suspender el proceso de forma cautelar. En respuesta, un fiscal abrió una investigación de los jueces que dictaron el fallo, por presunto abuso de autoridad y prevaricato. El fiscal fue designado en el cargo por la Fiscal de la Nación, la cual está siendo investigada por la Junta por varias causas de máxima gravedad.

De concretarse la destitución de la Junta, ya sea total o parcialmente, quedaría gravemente afectada la independencia de la entidad que nombra y remueve a los fiscales y jueces de todos los niveles, y a autoridades electorales, así como el control disciplinario de las acciones de la Fiscal de la Nación.

Si la Junta es sometida a intereses políticos, congresistas con procesos abiertos por corrupción y otros delitos podrían influir en la designación de jueces y fiscales favorables a sus casos. También podrían intentar destituir al presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

El gobierno de Dina Boluarte es cómplice en la ofensiva del Congreso contra otras instituciones. En septiembre, llamó al coordinador residente de la ONU en el Perú para expresarle su “extrañeza” por una nota de la ONU que afirmaba que la separación de poderes es fundamental en una democracia.

El gobierno sigue declarando estados de emergencia y suspendiendo derechos fundamentales sin justificación clara y sin rendición de cuentas.

El debilitamiento de las instituciones, incluyendo la persecución de fiscales que buscan combatir la impunidad e investigar la corrupción, socava la protección de los derechos humanos.

El informe de la Comisión establece que hubo graves abusos durante las protestas, incluyendo masacres y posibles ejecuciones extrajudiciales.

El gobierno negó la evidencia, adoptó un discurso estigmatizante y discriminatorio sobre las personas manifestantes, muchas de ellas indígenas, y no tomó medidas para detener el uso ilegítimo de la fuerza letal y menos letal por parte de las fuerzas de seguridad.

Hasta hoy, la fiscalía no ha presentado cargos contra agentes del Estado, ni se ha establecido la responsabilidad de las autoridades.

En su informe, la Comisión ofreció al Estado crear un grupo interdisciplinario de expertos independientes. Ese grupo sigue siendo muy necesario para respaldar las investigaciones y, en todo caso, los fiscales requieren de apoyo forense y asesoría sobre estrategias de investigación.

Instamos al Estado a apoyar la puesta en marcha de este grupo de expertos que promueva el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión. Y, en caso de falta de cooperación del Estado, solicitamos a la CIDH valorar la inclusión del Perú en el capítulo 4.B. de su informe anual como uno de los países particularmente preocupantes de la región.

Es fundamental que el Estado peruano, la Comisión y la comunidad internacional actúen para evitar un deterioro aún mayor del Estado de derecho y para acabar con la impunidad.