Este informe analiza cómo el derecho penal ha sido utilizado en los últimos años para intervenir en conflictos agrarios en Guatemala, con impactos significativos sobre comunidades indígenas. A partir del estudio del marco legal, políticas institucionales y diversos casos documentados, se identifica el uso arbitrario y recurrente de los delitos de usurpación y usurpación agravada por parte del Ministerio Público (MP) para responder a disputas territoriales que, por su naturaleza, deberían abordarse principalmente mediante vías civiles o agrarias.
El informe documenta un aumento significativo en las solicitudes de desalojo promovidas por el MP en los últimos años, así como prácticas institucionales que desconocen los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios y violan garantías de un debido proceso y de varios estándares internacionales de derechos humanos. Se destaca que la actuación del MP se sitúa en un contexto más amplio de debilitamiento institucional y cooptación progresiva del sistema de justicia en Guatemala por parte de redes de corrupción en Guatemala.
Finalmente, el documento realiza recomendaciones a las diferentes instancias del Estado, incluyendo el MP y el Poder Judicial, así como a la comunidad internacional y a la Comisión de Postulación para integrar la nómina de candidatos para Fiscal General, proceso que tendrá lugar en los próximos meses en Guatemala. Una vez designada la nueva persona titular del MP, el informe plantea medidas clave para recuperar la independencia institucional, revisar las prácticas irregulares de persecución penal y garantizar el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el país.
