El 27 de marzo de 2022, el Estado salvadoreño decretó un régimen de excepción en respuesta a un repunte de la violencia homicida vinculada a las pandillas. Esta medida ha suspendido importantes derechos humanos, incluyendo algunos del debido proceso penal. Aunque el régimen de excepción es una herramienta transitoria y excepcional que la Constitución permite bajo ciertas condiciones y con límites estrictos, su aplicación requiere un intenso control judicial para garantizar que estas limitaciones se cumplan en la práctica y evitar la aplicación arbitraria por parte de los agentes estatales de seguridad. Más allá de controlar la constitucionalidad del decreto de suspensión de garantías, la justicia debe proteger la libertad de las personas frente a excesos y abusos mediante mecanismos judiciales adecuados, como los procesos de Hábeas Corpus y Amparo.
Este informe, resume los resultados de una investigación documental sobre la variación del comportamiento jurisprudencial de la Sala de lo Constitucional en la resolución de los procesos de Hábeas Corpus, Amparo e Inconstitucionalidad, durante el período del 27 de marzo de 2022 al 26 de marzo de 2023, es decir, durante el primer año de vigencia del régimen de excepción, en comparación con los criterios jurisprudenciales previamente existentes. El estudio, realizado bajo una metodología analítico-descriptiva, busca identificar avances o retrocesos en el acceso a la justicia y determinar si los precedentes jurisprudenciales han sido respetados, revocados o ignorados.
Se examinaron más de 600 resoluciones judiciales, dando prioridad a casos con hechos de mayor gravedad como desapariciones forzadas, afectaciones a la integridad física de mujeres y hombres durante la detención, y detenciones de grupos vulnerables como embarazadas, personas adultas mayores y adolescentes. El informe expone casos representativos agrupados en ejes temáticos para facilitar la comprensión de los derechos transgredidos y sus implicaciones para las personas afectadas y la población en general. Destaca que la Sala ha rechazado sistemáticamente las solicitudes, modificando o ignorando importantes precedentes constitucionales; esto subraya la necesidad urgente de replantear las prácticas judiciales para restaurar un verdadero estado de derecho y asegurar la protección efectiva de los derechos humanos, garantizando un acceso equitativo y justo a la justicia en tiempos de crisis institucional.
