San Salvador, 21 de julio de 2023.- La Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) apoyó a expertas de la Oficina de Investigación de Crímenes de Guerra del Washington College of Law de la American University, en la preparación y presentación de un escrito de amicus curiae ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, en la causa 238/90, conocida como “Masacre El Mozote y lugares aledaños”. Dicho documento proporciona argumentos fundamentados en el derecho internacional sobre la legislación procesal aplicable a crímenes de lesa humanidad y de guerra, como los cometidos en esa masacre, y el derecho de las víctimas a participar en el proceso penal.
La Masacre de El Mozote se considera el mayor acto de violencia contra población civil cometida por agentes estatales en las décadas pasadas. El juicio ha implicado la acusación de 17 ex miembros de la Fuerza Armada por 9 delitos, entre los cuales se incluyen homicidios agravados, tortura y violación sexual.
Previamente, en junio de 2017, DPLF junto al IDHUCA presentamos el primer amicus curiae sobre ese caso. En ese escrito desarrollamos argumentos en favor de aplicar las categorías de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad junto a los delitos reconocidos en el derecho nacional. En septiembre de 2020, DPLF presentó un segundo amicus curiae sobre la distinción entre ejecución extrajudicial y desaparición forzada, así como sobre el deber que los Estados tienen de identificar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte, esta es la segunda ocasión en que la American University presenta un amicus curiae en esta causa penal. Su primer escrito es de agosto de 2018, y desarrolló argumentos de derecho internacional sobre cómo investigar efectivamente los crímenes sexuales cometidos en conflictos armados.
Dada la trascendencia pública y colectiva de esta causa judicial para la sociedad salvadoreña y la humanidad, DPLF reafirma su compromiso de contribuir al avance de la justicia, y espera que estos aportes sean tomados en cuenta por la jueza del caso en sus decisiones.
El caso se encuentra en la etapa final de la investigación y debería pasar a la fase de juicio oral y sentencia a la mayor brevedad, para evitar más demoras, dado que los hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas.