DPLF, junto al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, publicaron hoy el informe “La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana”, elaborado por Luis Pásara, experto en temas de justicia y senior fellow en DPLF. El lanzamiento se llevó a cabo durante una conferencia de prensa en Quito, Ecuador.

El informe muestra que, a pesar de las reformas implementadas en Ecuador durante los últimos años para fortalecer el sistema de justicia, en la práctica existe una línea de acción del poder ejecutivo dirigida a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política, lo que debilita severamente la división de poderes propia de todo régimen democrático.

Con base en el análisis de casos de alta relevancia social, resoluciones del Consejo de la Judicatura en procesos disciplinarios contra jueces, y declaraciones oficiales, el informe da cuenta del uso inadecuado que se hace del sistema penal para criminalizar a aquellos que discrepan o se oponen a las posiciones gubernamentales. Se les acusa de “sabotaje” o “terrorismo”, aun en casos -como los detallados en el informe- donde las conductas que dieron origen a un proceso penal, a todas luces, no se adecuan a las definiciones de estos delitos reconocidas en el derecho  ecuatoriano y en el derecho internacional.

El informe también señala que el sistema disciplinario judicial, a cargo del Consejo de la Judicatura, se ha transformado en una herramienta para sancionar a jueces cuyas decisiones no se adecuan a la posición del poder ejecutivo. En particular, el informe documenta que el Consejo utilizó la figura del “error inexcusable” en la mayoría de los 42 procesos disciplinarios examinados en el informe, para destituir jueces por dictar sentencias con las que el Consejo no estaba de acuerdo, y no porque aplicaron erróneamente una norma. En estos casos, el Consejo actuó como una instancia revisora de sentencias y no como un ente de supervisión de la conducta judicial, según le corresponde por ley.

Esperamos que este informe contribuya a promover un debate técnico sobre el rol de un sistema de justicia independiente en toda sociedad democrática y los desafíos actuales en Ecuador.