La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), conjuntamente con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) presentamos el pasado 02 de agosto de 2019, un memorial de amicus curiae ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, en el Juicio de Amparo 220/2019-V iniciado por un grupo de ciudadanos integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirvaGuanajuato para cuestionar dos acontecimientos principales: el primero, es la reforma mediante la cual se introdujo en la Constitución del Estado de Guanajuato, la figura del “pase automático” del último Procurador General de Justicia como primer Fiscal General del Estado de Guanajuato. El segundo, es el procedimiento mediante el cual se ratificó al señor Carlos Zamarripa Aguirre, como Fiscal General del Estado de Guanajuato.
El documento aporta estándares técnicos de Derecho Internacional relevantes para analizar la figura denominada “pase automático”, que permite que el último titular de la Procuraduría General del Estado pase a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, sin mediar un proceso de selección, y específicamente, para analizar su compatibilidad con las obligaciones de derecho interno y de derecho internacional asumidas por Estado mexicano respecto del nombramiento de sus altas autoridades del sistema de procuración de justicia a nivel local.
El documento concluye que esta figura, considerada de manera abstracta, pero también en su formulación concreta en el texto constitucional de Guanajuato, elimina de forma absoluta todas las garantías derivadas de los estándares internacionales de transparencia, publicidad, merito, participación ciudadana y respeto al principio de igualdad y no discriminación, y por lo tanto, constituye la negación misma del derecho a un sistema de procuración de justicia independiente, y de la obligación del Estado de garantizarlo.
Las organizaciones firmantes del amicus curiae consideramos que la regulación de mecanismos para la designación de personas idóneas para ejercer como titulares de las Fiscalías Generales es una medida fundamental para consolidar la autonomía y recuperar la confianza ciudadana en esta institución.
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
