La Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), conjuntamente con la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) y Open Society Justice Initiative (OSJI), elaboramos un memorial de amicus curiae, que fue presentado el 18 de diciembre de 2019 ante la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia, en el Juicio de Nulidad Simple promovido contra el Decreto 1163 de 2019 (Radicado 11001032400020190031900), que elimina las garantías y salvaguardas en el mecanismo de selección del Fiscal General de la Nación en Colombia, contenidas en el Decreto 450 de 2016.
El documento aporta estándares técnicos de Derecho Internacional relevantes para analizar las obligaciones del Estado colombiano respecto del nombramiento de la figura del Fiscal General de la Nación -la mas alta autoridad encargada de la persecución penal en el país-, y concluye que, al eliminar garantías y salvaguardas esenciales sobre transparencia, publicidad, meritocracia y participación ciudadana, el Decreto 1163 constituye un retroceso en la satisfacción de los estándares internacionales que lo vinculan.
Las organizaciones firmantes del amicus curiae consideramos que la regulación de mecanismos para la designación de personas idóneas para ejercer como titulares de las Fiscalías Generales es una medida fundamental para consolidar la autonomía y recuperar la confianza ciudadana en esta institución.
