En el 2008, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional que estableció un sistema penal acusatorio y adversarial en el país. Los estados de la unión tienen hasta el 2016 para implementar ese nuevo sistema. En abril de 2013, fue aprobada una reforma constitucional que posibilitara al Congreso la aprobación de un código nacional de procedimientos penales, es decir, un ‘código único’ para todo el país, en lugar de códigos distintos en cada estado.

En el proceso de preparación del anteproyecto del código, DPLF preparó un documento que recogió nuestras propuestas en cuanto a la inclusión de artículos en el código procesal penal sobre los derechos de pueblos indígenas. Este documento fue presentado a la Comisión de Justicia del Senado a principios de septiembre de 2013.

En octubre de 2013, tres propuestas para el código procesal penal único fueron presentadas en el Senado, las cuales fueron luego condensadas en un solo anteproyecto.

DPLF preparó unos comentarios sobre ese anteproyecto, que abordan los derechos de los pueblos indígenas sometidos a procesos penales. Los comentarios se enfocan en los temas que consideramos prioritarios: el derecho a contar con un traductor e intérprete; el derecho a la administración de justicia indígena; y los pueblos indígenas como sujeto colectivo en el derecho. Estos comentarios fueron presentados a la Comisión de Justicia del Senado en noviembre de 2013.