El 4 de diciembre, DPLF presentó un amicus curiae a la Corte Constitucional del Ecuador en el marco de una acción de protección presentada por la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbios y por Mario Pablo Criollo Quenama, presidente de la comunidad A ‘I Cofan de Sinangoe. La acción sostiene que el Estado ecuatoriano incumplió la obligación de obtener el consentimiento previo, libre e informado de la referida comunidad indígena al haber otorgado 20 concesiones mineras y al encontrarse en trámite otras 32 solicitudes de concesión susceptibles de afectar directamente a los derechos territoriales de la comunidad. Asimismo, se alega que tal situación se ha agravado con la presencia de mineros ilegales, cacería y tala no autorizada en el territorio de la comunidad, afectando gravemente las formas de vida de sus integrantes.
El escrito de amicus curiae busca contribuir a que la decisión de la Corte Constitucional se ajuste a los estándares internacionales aplicables sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y en la obligatoriedad de la obtención del consentimiento de la Comunidad A´I Cofán de Sinangoe frente a cualquier tipo de actividad minera de gran escala, que implique el empleo de sustancias tóxicas o que conlleve al riesgo de desplazamiento.
