El Salvador
Con más de 6,600 homicidios registrados, El Salvador se convirtió en el país más violento del mundo en 2015. En años más recientes, los índices de criminalidad, impunidad y denuncias por violaciones a derechos humanos han escalado, mano a mano, afectando el bienestar de la sociedad salvadoreña y la gobernabilidad en el país.
Esta creciente violencia se ha enfrentado con diversas medidas de “mano dura” y estrategias represivas de militarización, entre ellas la detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía y cuerpos militares, el uso excesivo de la fuerza y abuso de poder punitivo del Estado, las restricciones a la libertad de prensa y libertad de expresión y la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. El periodo entre 2019 y 2021 ha sido marcado por un debilitamiento de la institucionalidad y de la autonomía e independencia del sistema judicial.
Nuestro Tabajo
El Salvador ha sido un país clave en el trabajo de DPLF desde su fundación en 1997, cuando el profesor Thomas Buergenthal y sus colegas de la Comisión de la Verdad para El Salvador (promovida por Naciones Unidas), tenían la convicción que los derechos humanos sólo podían ser garantizados por judicaturas nacionales fuertes e independientes.
Desde entonces, nuestra labor en ese país ha tenido como eje el reconocimiento de que la impunidad por crímenes del pasado impacta significativamente cualquier aspiración por dignificar a las víctimas, consolidar la democracia y recuperar la seguridad.
Con esta convicción en mente, DPLF ofrece asistencia técnica, tanto a la sociedad civil como a los organismos gubernamentales, para promover los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos en El Salvador desde dos planos: por un lado, la agenda posconflicto y, por el otro, los obstáculos que actualmente enfrenta el país en términos de seguridad ciudadana, respeto a los derechos humanos e independencia de sus instituciones judiciales y de procuración de justicia.
