El Salvador: El Régimen de Excepción no abona al combate de la criminalidad

abril 1, 2022

Ante el del alza de la violencia homicida de los últimos días y la aprobación de un Régimen de Excepción como aparente respuesta a esta ola de criminalidad, las organizaciones de derechos humanos pertenecientes a las redes de trabajo firmantes, expresamos:

Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas de las más de 80 personas asesinadas en los últimos días. La violencia ha dañado otra vez a la población más vulnerable, generando dolor y nuevas heridas en un pueblo que ha sufrido durante décadas las consecuencias de un abordaje poco serio e integral de la seguridad ciudadana por parte de los gobiernos de turno.
La violencia y criminalidad en el país requieren de respuestas eficaces, transparentes, profundas y de largo plazo, abandonando estrategias meramente represivas, y enfocándose en la investigación científica del delito, la prevención, la atención integral a las víctimas y el desarrollo de procesos de rehabilitación e inserción de las personas que cometen delitos, principalmente para la reducción de la reincidencia y la prevención de más daño.
El gobierno actual no solo cuenta con todo el aparato estatal para hacer frente a la situación de violencia de manera seria, sino también con el respaldo popular para desarrollar acciones distintas a las políticas de “mano dura” que tantos efectos negativos han tenido. En este marco, la criminalidad debe combatirse con las herramientas vigentes del ordenamiento penal y el respeto al orden constitucional; otorgar atribuciones extraordinarias a las autoridades de seguridad pública, como las que se les han dado con el decreto de Régimen de Excepción, abre una puerta para la comisión de violaciones de derechos humanos.
La aprobación de un Régimen de Excepción en este contexto sólo representa la restricción de derechos para la población en un momento de inseguridad y temor. Además, constata que el Estado sigue sin ejercer dominio del territorio y que su principal política de seguridad, el Plan Control Territorial, no ha logrado los cambios que tanto se han anunciado.
Según estándares internacionales, y tal como su nombre lo indica, la adopción de Estados o Regímenes de Excepción debe ser una medida excepcional adecuada a lo que se quiere enfrentar de manera razonable, evitando prolongaciones en el tiempo, desproporcionalidad o abuso de poder. El uso arbitrario de esta figura se traduce en la afectación de la democracia y limitaciones a la libertad de expresión, igualdad ante la ley y a la libertad de asociación establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, preocupa que el decreto en cuestión admita la suspensión de garantías judiciales y que no exista control judicial. Este decreto dota al Ejecutivo de poderes discrecionales a través de un lenguaje ambiguo que está permitiendo la adopción de cuestionadas medidas de seguridad pública y abusos en el sistema penitenciario.
Sumado al Régimen de Excepción, la aprobación expedita de un paquete de reformas legales que la Asamblea Legislativa hizo el día 30 de marzo, no contribuyen al combate de la criminalidad y profundizan la respuesta esencialmente represiva del Estado, ya que tales reformas se orientan al aumento de penas, crea la figura de jueces sin rostro –un modelo que ha demostrado su ineficacia en otras regiones– , elimina salidas alternas para personas privadas de libertad, endurece la prisión de la juventud. En resumen, las reformas aprobadas se alejan de los estándares constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad ciudadana.

Las organizaciones firmantes hemos acompañado durante décadas a la población víctima de la violencia, hemos desarrollado diversas acciones de prevención en los territorios y propuesto a los gobiernos mejoras en sus políticas públicas, nuestros aportes han buscado siempre el desarrollo de una política de Estado que vaya más allá de intereses partidarios. Estos hechos ponen de nuevo en evidencia la necesidad de construir conjuntamente políticas de seguridad que sean públicas, participativas, integrales y medibles, que permitan el abordaje de las causas de la violencia respetando, protegiendo y garantizando los derechos de la población.

Firmantes: