El 14 de octubre de 2019, los colectivos de organizaciones de derechos humanos y victimas denominados Mesa contra la Impunidad, Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, apoyados por DPLF, entregaron a la Asamblea Legislativa una propuesta actualizada de la Ley especial de reparación integral y acceso a la justicia para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado.  Una primera versión de esta Ley había sido presentada en mayo de 2019. La misma pretende ser una contribución para que la Asamblea Legislativa de cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha 13 de julio de 2016, que dejó sin efecto la Ley de Amnistía de 1993 que impedía la justicia para los más graves crímenes de la guerra que vivió ese país entre 1980 y 1992, y que dejó más de 75,000 víctimas. Desde al menos 2018, la Asamblea, lejos de seguir este fallo judicial, ha intentado aprobar una nueva ley de impunidad.