• Recuerdan que designación debe ajustarse a estándares internacionales y no debe ser negociada, ni en sí misma, ni en conjunto con otras designaciones pendientes

• Plantean cuatro pedidos concretos: (i) reglas claras, (ii) planes de trabajo por parte de los/as postulantes, (iii) posibilidad de presentar información sobre candidaturas, y (iv) entrevistas públicas

San Salvador, 23 de octubre de 2018.- Ante la reciente emisión de la convocatoria del proceso de selección de Fiscal General de la República, organizaciones de la sociedad civil dirigieron una comunicación a la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, presentándole propuestas concretas para su mejora. En dicha comunicación, resaltaron que la designación debe ser transparente, pública, y debe incorporar mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía, así como basarse en los méritos de los/as candidatos/as, como lo establecen los estándares internacionales sobre esta materia. Recordaron también a los legisladores, que, en el caso de El Salvador, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego Garcia Sayán, hizo un llamado expreso a respetar estos estándares, y de esa forma, subrayar su compromiso en la lucha contra la impunidad.

Las organizaciones formularon cuatro solicitudes concretas, que no requieren modificar ninguna norma constitucional y legal y que, por el contrario, pueden contribuir a mejorar sustancialmente el procedimiento actual. En primer lugar, plantearon que la Comision Política debe aprobar y hacer públicas las reglas que regirán el procedimiento, las que deben incluir un perfil claro, un cronograma detallado de todas las etapas del proceso, y una tabla de gradación que precise los puntajes y criterios con los que se calificara a todos/as los/as aspirantes. En segundo lugar, indicaron que, para conocer su idoneidad para dirigir la institución, debería solicitarse a los/as aspirantes que presenten el Plan de Trabajo que implementarían en caso de ser elegidos/as. En tercer término, indicaron que debe proveerse un espacio para que la ciudadanía pueda presentar información relevante sobre candidaturas específicas, con la finalidad de aportar mayores elementos de valoración de sus méritos, y, en cuarto lugar, solicitaron que se garanticen entrevistas públicas, manteniendo el espacio para la intervención de la sociedad civil tal como ocurrió en el procedimiento de selección de magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente, las organizaciones resaltaron su profunda preocupación por la demora excesiva de la Asamblea Legislativa, en la elección de nuevos/as magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia, y resaltaron ninguna designación debe ser negociada, ni en sí misma ni en conjunto con ninguna otra designación, lo que aplica también al nombramiento del próximo/a Fiscal General.