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El Salvador: Organizaciones presentan Amicus Curiae en seguimiento a la sentencia que dejó sin efecto la Ley de Amnistía

  • Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema celebró ayer, 20 de agosto, la segunda audiencia de supervisión cumplimiento sentencia de julio 2016 que dejó sin efecto Ley de Amnistía
  • Organizaciones solicitan que luego de la audiencia, la Sala emita resolución de seguimiento que tome en cuenta argumentos del Amicus Curiae
  • Organizaciones alertan sobre intención de Asamblea Legislativa de dictar una nueva ley similar a la derogada y piden a Sala insistir en prohibición de aplicar amnistías a graves crímenes de la guerra
  • Es el primer Amicus Curiae que se presenta en el país en etapa de seguimiento de una sentencia de inconstitucionalidad

Ayer, 20 de junio de 2018, se llevó a cabo la segunda audiencia convocada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, para dar seguimiento la sentencia de julio 2016, que dejó sin efecto la Ley de Amnistía de 1993. La primera audiencia tuvo lugar el 19 de julio de 2017.

A la misma fueron llamados el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Legislativa, el Ministro de Hacienda, el Ministro de la Defensa Nacional, y el Fiscal General de la Republica, a fin de que expusieran y acreditaran los avances en los mandatos contenidos en la sentencia de 2016.

En ese contexto, organizaciones nacionales, apoyadas por organizaciones internacionales – incluido DPLF- presentaron un escrito de Amicus Curiae (amigo de la Corte o amigo del Tribunal) a través del cual realizan un llamado a la Corte Suprema para que:

  1. Considere la utilidad de sugerir los contenidos básicos en materia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición que la normativa a decretarse por la Asamblea Legislativa debe integrar;
  2. Evalúe la necesidad de establecer un plazo razonable para la emisión de las normas jurídicas y las acciones complementarias requeridas para el cumplimiento de la sentencia; y
  3. Analice la pertinencia de señalar las obligaciones y facultades del Fiscal General de la República en los procesos penales que están activos y en los que habrán de iniciarse por la derogatoria de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.

La necesidad de incidir en este proceso se intensificó ante la instalación de una Comisión Ad-Hoc creada por la Asamblea Legislativa para analizar la expedición de una “Ley de Reconciliación Nacional” que sustituya la derogada Ley de Amnistía. Esta iniciativa podría significar un potencial retroceso en la lucha contra la impunidad respecto de los graves crímenes cometidas durante la guerra, si se elabora en contra de la jurisprudencia constitucional. Cabe recordar que, por su parte, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, también anunció hace unos meses que el gobierno preparaba una propuesta de ley en el mismo sentido. En esa ocasión, al igual que ahora, advertimos que una norma de esa naturaleza, debe debatirse ampliamente con todos los actores involucrados, y con plena participación de las víctimas, lo que no ha ocurrido hasta hoy.

Por ello, en el Amicus Curiae se solicita a la Sala insistir en la prohibición de aprobar una nueva ley de amnistía, que impida la verdad y la justicia.

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